Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
entre otras, cuenta actualmente con estudios, ni con elementos de juicio suficientes para definir
el conjunto de los costos y beneficios del mismo.
El Estado no posee información porque dejó de: a) realizar estudios técnicos para inventariar
las reservas de RNNR en el país; b) evaluar y fiscalizar proyectos mineros 49 ; c) operar o participar
en proyectos que le habrían brindado experiencia, conocimientos e información de primera
mano; y d) exigir a las empresas privadas la entrega de información idónea y verificable sobre
sus operaciones y afectaciones, por su manifiesta debilidad o su insuficiente capacidad.
Con una nueva visión sobre los RNNR, las obligaciones del Estado en esta materia y los fundamentos
de una nueva política minera, el país tendría que adentrarse en la tarea de crear/adecuar/reemplazar
la institucionalidad responsable del estudio, el análisis integral, la aprobación
y la fiscalización/seguimiento de los proyectos de minería necesaria de diferentes rangos en
línea con el nuevo modelo de minería propuesto 50 .
La siguiente pregunta sería: ¿a quién le corresponderá el estudio/evaluación/aprobación de los
diferentes rangos de minería?
Abordado el sistema minero como un sistema complejo, para superar la actual fragmentación del
Estado, se propone la creación de una instancia de evaluación integral de los proyectos de minería
necesaria que de acuerdo con la planeación (matrices oferta/demanda) se requirieran licenciar.
El objetivo es que la instancia de evaluación propuesta se encargue de los nuevos proyectos que de
acuerdo a una nueva clasificación se ubiquen en los rangos de mediana-grande y gran minería 51 .
Para las demás rangos/escalas mineras: artesanal, pequeña y mediana-mediana, el tema es particularmente
delicado y requiere de un profundo análisis, dadas las implicaciones ambientales,
sociales y étnicas de estos rangos de minería con gran incidencia en los territorios. De entrada,
se señala que la aprobación de nuevos proyectos de pequeña y mediana minera o la legalización
de los actuales debe sujetarse al mismo esquema de validación integral y balance integral
beneficio/costo positivo aplicable a los demás rangos mineros, pero con especial énfasis en los
intereses y particularidades regionales o locales, y con mayores responsabilidades locales en
materia de aprobación, control, seguimiento y fiscalización, en rigurosa coordinación con las
corporaciones autónomas regionales y los ministerios competentes en el nivel nacional.
No se entra en mayor detalle sobre este tema ya que sobrepasa los alcances del presente capítulo.
49 Las funciones de control y fiscalización de la actividad minera fueron tercerizadas –se ejecutan a través de
empresas particulares– y el minero no tiene ninguna relación o contacto con la autoridad minera.
50 Sería necesario redefinir nuevamente esos rangos, pues esta clasificación desapareció con la Ley 685 de 2001.
51 Por lo pronto, para estas definiciones se utilizaron los rangos establecidos en el artículo 15 del Decreto
2655 de 1988 – Código de Minas.
Minería en Colombia
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