Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
De un lado, la connotación de utilidad pública e interés social asociada a la prevalencia del interés
general, se soporta en una consideración moral eminentemente utilitarista: esto último quiere
decir que existe una suerte de consenso social en el cual se busca obtener el mayor beneficio para
el mayor número de personas 13 , que en últimas no es predicable de la minería por los graves impactos
sociales y ambientales que ocasiona, como se ha evidenciado en los libros 1 y 2 de la serie
sobre Minería en Colombia publicados por la Contraloría General de la República (CGR).
A pesar de la consagración de utilidad pública e interés social del artículo 13 del Código de Minas,
y aun cuando en principio parezca lógico, actualmente, los daños que ocasiona la minería
no se compadecen con el costo de obtener esa maximización del bienestar general. Esto puede
llevar a que se sacrifiquen valores tan elevados como los derechos fundamentales de cada uno
de los individuos en aras de un discutible beneficio nacional.
Así, pese a que el Estado colombiano como social y de derecho debe velar por obtener el mayor
bienestar posible de quienes habitan el territorio, también debe hacerlo para que cada uno de
ellos pueda desarrollar su proyecto de vida autónoma, digna y libremente, dentro de un marco
de justicia material. En consecuencia, el interés general tiene su límite en los derechos de las
personas 14 , de tal suerte que se logre mayor beneficio común al menor costo individual posible.
Como evidencia de lo anterior, se debe señalar que a pesar de que la actividad minera que se
desarrolla en el país se presenta por parte del gobierno nacional y de las empresas mineras
como una solución para el desarrollo de la Nación, en la práctica no representa beneficio económico
notable, como sí para los particulares que la desarrollan 15 ; esto, sin profundizar en las
dicientes cifras de violencia y necesidades básicas insatisfechas en los municipios en los que
se lleva a cabo la actividad extractiva.
Así, pese a la intención del Gobierno de que la extracción de minerales sea uno de los motores
del desarrollo, lo cierto es que la forma como ésta se ha concebido y desarrollado, no se articula
con las disposiciones ambientales, tributarias, territoriales, étnicas, de riesgo y patrimonio
arqueológico para que el beneficio del país sea el esperado. Por el contrario, la profusa norma-
13 Ver J. Bentham, J. Stuart Mill, A. Smith, R. Malthus y D. Ricardo, entre otros.
14 Sentencia C-053 de 2001. Corte Constitucional. “En cuanto a la cláusula de prevalencia del interés general
contenida en el artículo 1º de la Constitución, esta Corporación ha rechazado su invocación a priori
como razón de Estado para justificar una conducta irracional, la protección injustificada de un interés
oculto o la vulneración de los derechos de las personas. Coherente con dicha posición, ha afirmado que
la existencia de un interés general debe verificarse en cada caso concreto. Aun así, a pesar de que efectivamente
exista un interés general real que motive una determinada acción del Estado, la máxima según
la cual este interés prevalece sobre el particular no es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata.
Debe entenderse condicionada a que la invocación de tal interés esté realmente dirigida a la obtención
de los objetivos constitucionales y, a la vez, mediatizada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
en aras de conciliarla con los intereses particulares, principalmente, con los derechos fundamentales”.
En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-053-01.htm.
15 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal
para el Caso de Colombia. En Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y
conflictos. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá.
Minería en Colombia
195