Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Sin embargo, no puede dejarse de lado que estas posturas se enfrentan a dos problemas asociados,
al menos desde el punto de vista estructural, al conflicto armado que dio lugar a la
transición en 2000: (1) la existencia de comunidades rurales (campesinas, nativas e indígenas)
que sin tener relaciones formales con las tierras ni reconocimiento como propietarias en sentido
colectivo, son desplazadas de los territorios; y (2) los altos niveles de informalidad en la
tenencia individual o familiar de la tierra.
Ello querría decir que desde el enfoque de las críticas al modelo de dominio estatal del subsuelo y
de los recursos naturales, un programa masivo de formalización de la tenencia rural sería funcional
a los intereses mineros, mas no a los asociados con otras actividades rurales como las agropecuarias,
lo cual probablemente generaría disputas y tensiones tanto sobre la propiedad privada
del suelo asociada a la del subsuelo como en relación con los reasentamientos o reubicaciones de
comunidades y poblaciones con la necesaria consulta a las y los pobladores afectados 12 .
Por su parte, en Chile también existe un sector de la doctrina del derecho minero que insiste
en quitarle valor al carácter público o estatal de los recursos naturales no renovables asociados
al subsuelo, a pesar de su consagración en la Constitución. Así, autores como Vergara Blanco
(2012) si bien reconocen que al tenor literal de la Constitución chilena y del código civil de este
mismo país, el Estado se considera dueño de las minas por cuanto tiene el dominio absoluto,
exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todas ellas, lo cual es en principio característico de
un sistema de regalía, debe entenderse que en Chile rige un sistema de libertad minera donde al
tiempo que hay exclusión de la propiedad privada, no existe tampoco apropiación estatal. Ello
quiere decir que los minerales son recursos libres o disponibles, es decir, no son ni de propiedad
privada ni pública, a pesar de los atributos explícitos y específicos de una propiedad estatal
consagrada en el ordenamiento jurídico en relación con los minerales chilenos.
De hecho, es preciso advertir que conforme a la Constitución y legislación chilenas, opera un
modelo de concesión judicial de las minas cuyo órgano competente no es de carácter administrativo
sino de los tribunales ordinarios de justicia. Este modelo supone la existencia de
un acto administrativo ordenado por sentencia judicial en el que se reconoce un título minero,
es decir, requiere de un acto complejo de dos esferas del Estado (poder judicial y poder
ejecutivo) en el que se autoriza a un particular explotar recursos de propiedad estatal. Esta
particularidad, en principio, es característica de un sistema de dominio público de los recursos
naturales no renovables y del subsuelo.
Sin embargo, Vergara Blanco (2012) indica que asegurar que el modelo vigente en Chile sea el
del dominio o propiedad estatal, resulta anacrónico y que la circunstancia de que el constituyente
haya dejado en cabeza del Estado chileno la propiedad de todas las minas, “no es nada
12 Por ejemplo, la ley general de comunidades campesinas establece que las tierras de estas comunidades
son inembargables, inalienables e imprescriptibles, pero los defensores de las posturas aquí destacadas
señalan que aún bajo el modelo actual, la actividad minera podría constituir una excepción a estas particularidades
si con base en ella, se enajenan las tierras comunales mediante un acuerdo de por lo menos
dos tercios de los miembros de la comunidad reunidos en asamblea general.
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