Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
es capturado por una persona en sus tierras. De esta manera, según la regla destacada, “la
propiedad del petróleo y del gas en su estado natural no existe como tal y sólo se hace efectiva
cuando se tome posesión física de los minerales”.
Al tiempo, la Suprema Corte de Estados Unidos ha destacado en su jurisprudencia el carácter
no absoluto de la propiedad privada del subsuelo. Según varios analistas, la Corte mencionada
ha señalado que el ejercicio de la propiedad privada sobre el subsuelo tiene sus límites en
la propiedad privada de terceros y en el interés público o “Commonwealth”, entendido como
“aquello que representa lo mejor para la sociedad como un todo” (Barron en Rekows, 2005) con
una particularidad específica del sistema norteamericano: el reconocimiento de que se trata
de una determinación subjetiva, por cuanto no es una ley sino un órgano específico del Estado
(judicial o gubernamental) el que, con un amplio margen de discrecionalidad, construye en casos
concretos “una definición necesariamente subjetiva de lo que es mejor en términos de interés
público” (Rekows, 2005). De esta manera, y en salvaguarda de estas dos expresiones jurídicas,
la propiedad del subsuelo puede ser objeto de limitaciones en este país, que se circunscriben a
un rol de supervisión estatal de las actividades de la industria minera.
Así, se puede señalar que en el sistema norteamericano, la jurisprudencia ha trazado límites a
los alcances de la propiedad del suelo proyectada al subsuelo, por cuanto los recursos o sustancias
que yacen en éste último en sentido lato no son considerados por la Suprema Corte (1929)
llanamente como bienes de los que se puede adueñar el propietario del suelo per sé, toda vez
que el superficiario solamente “hasta que reduce efectivamente a posesión esas sustancias, no
tiene ningún título absolutamente sobre las minas”, lo cual quiere decir que si bien el propietario
superficiario “tiene el derecho exclusivo en su propio terreno de procurar adquirirlas”, “no se convierten
en propiedad suya, sino hasta… su posesión material”.
Lo anterior relativiza el alcance de la propiedad privada del subsuelo, por cuanto otros tribunales
de Estados Unidos (por ejemplo, Oklahoma ó Louisiana) han sido enfáticos en establecer,
con base en la regla jurisprudencial anteriormente destacada, que la propiedad superficiaria no
otorga a su titular el derecho de propiedad sobre los recursos “yacentes” en el subsuelo sino una
autorización implícita de explorar para buscar extraerlos.
Esta autorización constituye un proceso regulatorio y complejo enmarcado en múltiples
fases (Hurley, 2012, p. 3), puesto que precisamente “las regulaciones mineras en los Estados
Unidos están sujetas a los requisitos de varias leyes, tanto a nivel estatal y federal” (Ib.) 9 , lo
cual permite inferir la convergencia entre exigencias generales de la federación con exigencias
de los gobiernos y Estados locales.
Así por ejemplo, la exploración de recursos minerales en Estados como Alaska, informa Hurley
(2012), requiere de una suma de permisos tanto para la fase de exploración como para la de
9 Tales como: Clean Water Act, Clean Air Act, Endangered Species Act, Section 404 of the Clean Water Act, and
Section 401 of the Clean Water Act, Section 106 Historical and Cultural Resources Protection, Coastal Zone
Management Act , Marine Mammal Protection Act.
Minería en Colombia
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