Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Sarria (1960) indica, con base en estos antecedentes, la separación entre dominio eminente
y dominio útil para explicar la relación jurídica entre el Estado y el subsuelo en la época de la
Colonia española, de manera que al Estado corresponde obtener una regalía por su autorización
a los particulares de explotar el subsuelo, con lo cual se asimilaría conceptualmente el dominio
estatal a la propiedad privada, y se separarían la nuda propiedad (o propiedad rentística del
Rey) del usufructo (goce del subsuelo por parte del particular concesionario).
La primera discusión que surge sobre el alcance del dominio público sobre el subsuelo y los recursos
mineros, giraría entonces sobre qué quiere decir que su titular sea la República, la Nación o el
Estado 14 . En efecto, la Constitución de 1886 otorgó dicha titularidad a la Nación 15 , al tiempo que la
Constitución de 1991 hizo referencia al Estado. Un elemento explicativo es la asociación entre propiedad
estatal y potestad administrativa de cara al interés de la sociedad. Desde esta perspectiva, la
propiedad del Estado presupone el patrimonio de los asociados, es decir, de la población amparada
por la jurisdicción del Estado, o del pueblo entendido como un elemento constitutivo del mismo.
No se puede, entonces, disociar la propiedad estatal o dominio público de los recursos minerales,
de su realidad sociológica. De esta manera, resulta importante diferenciar entre un concepto
formalista (y jurídico) de Estado, y un concepto material-histórico (o sociológico) del
mismo. El concepto jurídico de Estado implica una organización formal que supone el reconocimiento
de una personalidad jurídica distinta a la de los asociados y se atribuye un poder soberano
sobre un territorio habitado por un conjunto de personas. Poder que, por lo demás, legitima
a la organización para atribuirse el monopolio de la llamada violencia legítima con base en un
ordenamiento jurídico previo que delimita las potestades administrativas del ente estatal con
base en las finalidades y responsabilidades que el conjunto de personas asociadas al mismo le
delegan, como contenido esencial de sus funciones.
Por su parte, el concepto material de Estado implica una comunidad política organizada con pretensiones
de estabilidad y permanencia. Múltiples variables sociológicas se ven implicadas (convergiendo
u oponiéndose) en esta concepción de Estado (Cfr. Calduch, 1991): poder o dominación
y solidaridad o cooperación, por un lado. Convergencia de relaciones políticas y de relaciones económicas,
por otro. Finalmente, la existencia de actuaciones internas y de actuaciones exteriores
(interlocución internacional). El Estado, desde esta perspectiva, se perfila como una manifestación
comprehensiva de la organización social que se expresa en una dimensión territorial (visión orgánica
del Estado que establece relaciones internas con sus asociados) y en una dimensión funcional
(en relación con las finalidades que cumple de cara al ethos o meta colectiva que lo fundamenta).
Esta concepción estructural-genética del Estado parte de la unicidad que debe existir entre
éste y la sociedad. Una concepción e incluso una constatación empírica de un Estado ajeno a
la sociedad, expresa un cuestionamiento radical de su legitimidad. Lo anterior por cuanto “la
14 En el caso mexicano, por ejemplo, la Suprema Corte señaló que la “Nación mexicana” a la que alude el
artículo 27 de la Constitución, hace referencia al Gobierno Federal.
15 En un momento de reunificación del centralismo, puesto en entredicho por un modelo federal establecido
entre 1861 y 1886.
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