Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
constitucionales “impone límites a la política económica” (Ib.), y (3) “la Constitución de 1991
de Colombia, es una constitución normativa valorativa de constitucionalismo social, en la medida
que no solo reconoce derechos liberales, sino también derechos sociales y les da fuerza
normativa, pero es una Constitución abierta, porque admite políticas económicas muy diversas
para alcanzar esos derechos sociales” (Cortés Zambrano, 2009, p. 42).
Sumado a lo anterior, es oportuno señalar que la intervención del Estado de cara al uso racional
de los recursos naturales, no tiene una implicación estrictamente economicista, por cuanto
involucra la necesidad de evitar, prever, identificar y exigir la reparación de los impactos que
desequilibren el entorno ecológico, económico, social y cultural en el que se realiza la explotación,
por cuanto, como ha indicado la Corte Constitucional (1998), “es necesario armonizar
la producción con el entorno ecológico que le sirve de sustento, de forma tal que la actividad económica
llevada a cabo por la generación presente no comprometa la capacidad de la generación
futura para satisfacer sus propias necesidades”.
Para la Constitución de 1991, la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental
en el ordenamiento jurídico, que, según la propia Corte (1998), la Carta contiene una
“constitución ecológica”, “conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de
la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente”.
Desde esta perspectiva, “la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas que es, confiere
un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de conceptos jurídicos y económicos (de suerte
que)… éstos ya no pueden ser entendidos de manera reduccionista o economista, o con criterios cortoplacistas,
como se hacía antaño, sino que deben ser interpretados conforme a los principios, derechos y obligaciones
estatales que en materia ecológica ha establecido la Constitución” (Corte Constitucional, 1998).
Igualmente, la Corte Constitucional (1998) ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro
del ordenamiento colombiano una triple dimensión: (1) la protección al medio ambiente como
principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas
naturales de la Nación (CP art 8); (2) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano,
derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales (CP art 79), y finalmente, (3) de
la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares. En este caso, la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica
para el Estado, en materia ecológica, “unos deberes calificados de protección”. Es desde este enfoque
que debe interpretarse el alcance del uso racional de los recursos y de la intervención del Estado en
las actividades mineras de cara a los intereses sociales de los que éste es garante.
Alcance de la utilidad pública minera y recomendaciones
Los anteriores elementos permiten afirmar una perspectiva de la utilidad pública declarada en
favor de la “industria minería en todas sus ramas y fases” en la Ley 685 de 2011 que, con base en
la propiedad estatal de los recursos, implique:
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