Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y el artículo 430
del Código Sustantivo del Trabajo los define como “toda actividad organizada que tienda a satisfacer
necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico
especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”.
Igualmente, al tenor de lo indicado por el Consejo de Estado (2003), la dimensión constitucional
del servicio público implica dos concepciones convergentes: (1) la inevitable necesidad de
intervención del Estado para garantizar índices de calidad de vida acordes con el principio de
igualdad material y para hacer efectivas nuevas manifestaciones de derechos que no se caracterizan
sólo por su universalidad sino por tener en cuenta diferencias materiales, económicas y
culturales; y (2) la necesidad de colaboración de los particulares en la consecución del interés
general. Lo anterior obedece a una afirmación jurídica del correlato Estado-colectividad, de
manera que en un modelo de Estado Social de Derecho, la defensa de lo público involucra la defensa
de los fines sociales del Estado, por cuanto, como sostiene la Corte Constitucional (1995),
“[e]l presupuesto en el que se funda el Estado social de derecho es el de la íntima interconexión
que se da entre la esfera estatal y la social… (por cuanto) [l]a experiencia histórica
ha demostrado la necesidad de que el Estado tenga una decidida presencia existencial y
regulativa en las dimensiones más importantes de la vida social y económica, con el objeto
de corregir sus disfuncionalidades y racionalizar su actividad, lo que llevado a la práctica
ha contribuido a difuminar - hasta cierto punto - las fronteras entre lo estatal y lo social”.
Desde esta perspectiva, la concesión de un servicio público implicaría que el concesionario actúa
ante los asociados como un agente de la administración, como sujeto obligado a asegurar
todo el servicio encomendado cuyo funcionamiento se realiza a riesgo del concesionario. El objeto
de la concesión minera, desde esta perspectiva, es de la esfera del derecho público interno,
fundamentada en la administración de los bienes públicos encomendada a ciertos órganos del
Estado que ejercen una evidente superioridad jurídica sobre el particular, por cuanto el Estado
realiza la concesión en cumplimiento de un deber administrativo en beneficio de la comunidad.
En este orden de ideas, la concesión no sería propiamente un contrato sino un acto administrativo
complejo que contiene, entre otros, un acto jurídico subjetivo creador de una situación
jurídica individual en relación con el particular, quien en el caso de la concesión minera, por
ejemplo, se compromete a prestar el servicio de explotación de un yacimiento, con base en una
norma legal previa que reglamenta el servicio o actividad encomendados. Lo anterior por cuanto
el régimen especial de concesión cuenta con elementos tales como: (1) presencia del Estado;
(2) existencia de un interés general; y (3) un régimen jurídico especial de regulación.
Para el Consejo de Estado (2003), el hecho de que la Constitución Política colombiana establezca
que la dirección de la economía se encuentra a cargo del Estado, posibilita que éste pueda
intervenir en los servicios públicos y privados para conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Para el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, son dos tendencias las que se hacen explícitas: de una parte, un Estado que
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