Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Los problemas y conflictos relacionados con la deficiente información social de las licencias
ambientales, parten desde las falencias mismas en la planificación, institucionalidad e instrumentos
de gestión que dan forma al macrosistema minero. La primera de las necesidades tiene
que ver con la urgencia de un sistema de planificación de oferta y demanda de los minerales a
fin de que el Estado pueda establecer cuáles proyectos revisten utilidad pública e interés social.
Esto debe acompañarse de procesos de implementación de Evaluación Ambiental Estratégica
y ordenamiento ambiental del territorio, todo lo cual debe surtirse con garantía del derecho
fundamental de las personas a participar en las decisiones que las afectan.
La autonomía territorial tiene un importante papel en la garantía del derecho a la participación.
En el marco de la Constitución Política de 1991, las entidades territoriales tienen la
facultad de gobernarse por autoridades propias 72 , sin que ello obste para que existan competencias
que involucren al nivel central y al descentralizado, en cuyo caso deben aplicar
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, tal como determinó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-123 de 2014.
Esto, por cuanto las consideraciones del sector central, pese a revestir importancia nacional,
no pueden ser simplemente impuestas a las entidades territoriales, en desconocimiento de sus
intereses locales, entre otras cosas porque el núcleo del principio democrático participativo se
ve afectado. Al respecto, la Sentencia C-447 de 1995, la Corte Constitucional señaló:
En lo que respecta al régimen territorial la Constitución hace extensivo el principio democrático
a la órbita departamental y municipal, mediante la elección directa de alcaldes
y gobernadores (arts. 303 y 314 C.P.), la realización de consultas populares a iniciativa
de los respectivos jefes del ente territorial (art. 105 C.P.), la participación ciudadana
en los asuntos públicos de carácter local (art. 314 C.P. ), la participación de las juntas
administradoras locales en los planes y programas municipales de desarrollo económico y
social, y la participación de los representantes de las respectivas comunidades indígenas
en la conformación y el gobierno de los territorios indígenas, especialmente en lo que
concierne a la explotación de los recursos naturales (arts. 229 y 230).
Así, las facultades constitucionales de los alcaldes y concejos municipales implican una relación más
directa con los pobladores de la entidad territorial. Esto implica que el ejercicio electoral es una forma
de ejercer el derecho a la participación ciudadana. Cuando la Nación se impone inconsultamente
sobre una decisión municipal, está desconociendo la manifestación de los habitantes representados.
Adicionalmente, las autoridades ambientales y mineras deben armonizar sus funciones a fin de
no fracturar los procesos y procedimientos que requieren el concurso efectivo de las dos.
Infortunadamente, estas autoridades no cuentan con la fortaleza institucional requerida para
controlar y vigilar las actividades mineras. Los instrumentos de gestión requieren ser reformulados
a fin de incorporar los factores socioeconómicos que inciden directa e indirectamente en
el proceso y que no son suficientes para tomar decisiones y establecer las obligaciones adecua-
72 Sentencia C-937 de 2010. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-937-10.htm.
Minería en Colombia
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