Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
bién que los ciudadanos tengan acceso a esta información con el fin de conocer los riesgos
potenciales y los beneficios que tendría el desarrollo de un proyecto minero en sus territorios.
Las autoridades deben garantizar que los ciudadanos en particular y las comunidades conozcan
la información básica y los estudios para que puedan tomar posiciones libres y sustentadas sobre
los proyectos, antes que las áreas sean concesionadas.
Un desarrollo reciente en esta materia se relaciona con la demanda de varias personas y entidades
al artículo 37 del Código de Minas y la respuesta de la Corte Constitucional en la sentencia
C-123 de marzo de 2004.
El artículo 37 del Código de Minas y su decreto reglamentario 0934 de mayo de 2013 prohíben
que los consejos municipales y las asambleas departamentales establezcan zonas donde
permanente o transitoriamente se excluya la minería, y hace extensiva esa prohibición a los
instrumentos de ordenamiento territorial.
Pese a que la Corte Constitucional declaró con exequibilidad condicionada el artículo 37 del Código
de Minas 48 , los magistrados Calle y Vargas conceptuaron en su salvamento de voto que este
artículo “contraría la Constitución Política, al prohibir a las autoridades regionales, seccionales
o locales establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de
la minería, incluso a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)”. A lo que agregan
que “desconoce los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad que han de orientar
la resolución de las tensiones que llegaren a surgir entre los principios de unidad y de autonomía
territorial en el ejercicio de las competencias atribuidas a las distintas entidades territoriales”, tal
como se establece en artículo 288 de la Constitución Política.
El fallo de la Corte, sin embargo, condicionó que en “el proceso de autorización para la realización
de actividades de exploración y explotación minera, cualquiera que sea el nombre que se le
dé al procedimiento para expedir dicha autorización por parte del Estado, se tengan en cuenta los
aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de
autonomía territorial”, y consecuentemente la obligación de llegar a acuerdos entre la Nación
y los territorios sobre la “protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el
desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”.
Se trata de un importante avance en la tarea de acotar un cuestionado privilegio a favor del desarrollo
de la minería en los territorios, de reconocer la autonomía territorial y la participación
de la comunidad en las decisiones que afectan su vida y su territorio.
De esta forma, la Corte Constitucional abre el espacio para adoptar la llamada licencia social, un
acuerdo Nación, territorios y comunidad para legitimar la actividad extractiva en las regiones y para
garantizar que una decisión unilateral del gobierno central respete las voluntades de las autoridades
locales y comunidades expresadas, entre otros, en los planes de ordenamiento territorial (POT).
48 Corte Constitucional. Sentencia C-123/14.
Minería en Colombia
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