Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Por otra parte, conforme al parágrafo 2 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 4 del
Decreto 2820 de 2010, la explotación de campos petroleros y de gas está sujeta a la obtención
de una licencia ambiental global.
En virtud de esta autorización, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas
en la etapa de hidrocarburos, se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental. Según
dicha disposición, este plan no está sujeto a evaluación previa por parte de la ANLA, de manera
que una vez presentado se podrán iniciar las obras y actividades, que serán objeto de control y
seguimiento ambiental. Esta situación no se compadece con el impacto que generan estas actividades
y que desvirtúa el fin preventivo y precautorio de la licencia ambiental, como señaló la
Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 1999.
Un aspecto que no se ha cumplido por parte de las corporaciones autónomas regionales con
relación a la licencia ambiental global para los campos de hidrocarburos y de gas, es lo expuesto
en el inciso final del parágrafo 2 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993 51 , donde se expresa
que dicha licencia ambiental se otorgará por parte del Ministerio del Medio Ambiente
(hoy ANLA) –entidad que tienen competencia privativa para ese efecto– “sin perjuicio de
la potestad de la autoridad ambiental para adicionar o establecer condiciones ambientales
específicas requeridas en cada caso, dentro del campo de producción autorizado”. Lo anterior
permite a las CAR establecer medidas particulares y concretas con respecto a protección y
conservación de los recursos naturales renovables que les corresponde administrar en los
campos de explotación de hidrocarburos y gas.
La reciente crisis ambiental del Casanare es un reflejo de desarticulación estatal, de la deficiente
información existente sobre los impactos ambientales y sociales que ocasionan proyectos de
hidrocarburos, desde la exploración sísmica que ha sido vista como una actividad inocua y que
solo requiere licencia ambiental, si para su desarrollo es necesaria la construcción de vías.
En este caso, es evidente que tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como
ente rector del SINA y formulador de la política ambiental, como la ANLA que tiene competencia
privativa en materia de hidrocarburos y Corporinoquia como administrador de los recursos
naturales renovables han tratado de evadir su responsabilidad endilgando la misma a las otras
entidades, cuando es evidente que todos tienen responsabilidad en esa catástrofe ambiental,
incluyendo a los entes territoriales, los ganaderos y agricultores, a las demás entidades del
Estado que fomentan actividades no compatibles con el uso del suelo y a quienes las desarrollan,
sin dejar de lado la evidente ausencia de medidas eficaces para ordenar ambientalmente el
territorio y las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia
ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.
51 Ley 99 de 1993, Artículo 52. parágrafo 2. “El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE otorgará una licencia ambiental
global para la explotación de campos petroleros y de gas, sin perjuicio de la potestad de la autoridad
ambiental para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso, dentro
del campo de producción autorizado”.
Minería en Colombia
225