Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
ticular no debe abordarse como si algunos grupos vulnerables se opusieran al bienestar
común, sino desde la perspectiva de la efectividad de los derechos. Esto es, en aplicación
de este principio no se puede desconocer las garantías que pueden exigir las personas en
situación de vulnerabilidad y su reconocimiento como plenos sujetos de derechos.
De igual manera, el Alto Tribunal en la Sentencia C-053 de 2001 señaló:
Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de interés
general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la
necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la
diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de
la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente
las particularidades de cada caso, intente armonizar el interés general con los
derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta
la jerarquía de valores propia de la Constitución.
Adicionalmente, en la Sentencia T-381 de 2009 la Corte puntualizó:
Ciertamente, en el modelo que propone la Constitución que nos rige, el Estado sólo puede
buscar el bien común dentro de la garantía de los derechos fundamentales. No existe
pues una prevalencia absoluta del interés general sobre el particular, pues tal prevalencia
no puede obtenerse a costa del sacrificio de tales derechos.
De lo anterior se concluye que, a la hora de tomar decisiones que den cuenta del interés general,
no pueden cederse derechos y menos los fundamentales, dado que este es el límite mismo del
Estado. Esto, por cuanto no pueden entenderse los fines esenciales estatales desligados de la
satisfacción de las garantías fundamentales de las personas.
El sistema socio-político colombiano tiene como fines genéricos proveer a sus habitantes de
servicios, así como garantizar sus derechos. Esto implica que el Estado tiene a su cargo, entre
otros, la prestación de servicios públicos, salud, educación, etc., pero también proteger y
permitir el goce efectivo de los derechos consagrados en la Constitución y la ley. Al respecto,
mediante la Sentencia T-406 de 1992, la Corte Constitucional determinó:
La fórmula del artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través de
todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define como un Estado social de
derecho, es de una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo
colombiano. Esta importancia amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance
de este concepto y sobre su sentido e interpretación, no sólo en el contexto internacional
-del cual sin duda alguna se nutrió la Asamblea Nacional Constituyente- sino en la Constitución
misma, vista como una norma autónoma. Para ello ninguna ocasión tan oportuna
como la que se refiere a la definición de los derechos económicos sociales y culturales y a
su relación con el derecho de tutela.
A. Origen y delimitación conceptual
Minería en Colombia
201