Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Aquí reside, entonces, la estrecha vinculación entre la gobernanza de un SSE y la ecología política
de la explotación/aprovechamiento de recursos naturales.
Gobernanza y ecología política
En una primera aproximación tradicional, como lo afirma Garay (2014), “la ecología política
estudia las relaciones de poder y los procesos de significación, valorización y apropiación de la
naturaleza que no se resuelven única y exclusivamente ni por la vía de la valoración económica de
la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía (Leff, 2003; Martínez Alier,
2004)… Así, entonces, bajo la perspectiva de la ecología política, el territorio… son concebidos
a la luz de la confrontación de diferentes estrategias para la apropiación de la naturaleza. En el
énfasis en la ecología/naturaleza es que esta concepción se diferencia de la estrictamente antropológica
y geográfica. El territorio funciona como lugar/espacio de reconstrucción/renovación de
identidades/pertenencias/simbologías enraizadas en la concepción y el relacionamiento con la
naturaleza y en determinadas prácticas culturales, sociales y productivas”.
Sin desmedro de lo anterior, dado que en la mayoría de los casos los RNNR son de propiedad del
Estado y conforman parte del patrimonio público de la Nación, como ocurre en América Latina, adquiriendo
el carácter asimilable de bienes públicos, en sentido nato del término, al Estado le compete
la responsabilidad indelegable, en última instancia, de implantar un determinado modelo de gobernanza
para la gestión del SSE en torno a la explotación/preservación/reserva de RNNR en los diversos
territorios nacionales y la distribución espacial, inter e intra-generacional de la integralidad de sus
beneficios y costos actuales y previsibles a través de las diferentes escalas de tiempo (en términos de
impactos ecosistémicos, medio-ambientales/cambio climático, económicos, sociales y culturales).
Es por ello que autores como Whitehead et al. (2006, 2007) han llegado a denominar al Estado
como el “Leviathan ecológico”, que en la perspectiva de un SSE complejo podría equivaler más
bien a una especie de “Leviathan socio-ecológico”, como “el gran Distribuidor originario que fundamenta…
los conflictos de distribución” (Alimonda, 2011).
En razón de estas circunstancias, autores como Alimonda y Palacios han propuesto concepciones
de la ecología política que brinden papel central a lo político (como relación de poder) y a
la justicia ambiental (Garay, 2014).
Así, entonces, Alimonda (2011) concibe a la ecología política como “el estudio de las articulaciones
complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y representaciones (incluyendo diferentes sistemas
de conocimiento y dispositivos topológicos), a través de los cuales diversos actores políticos,
actuantes en iguales o distintas escalas (local, regional, nacional, global) se hacen presentes, con efectos
pertinentes y con variables grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de
territorios y en la gestión de sus dotaciones de recursos naturales” (lo resaltado es propio).
A su turno, Palacio (2006) argumenta que “la ecopol es un campo de discusión inter y transdisciplinario
que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos
de su fabricación social, apropiación y control por parte de diferentes agentes socio-polí-
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