Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Dado que los programas de RSE se ejecutan con recursos que las empresas mineras le giran en
calidad de donaciones a sus fundaciones y que estos recursos se descuentan luego del impuesto
de renta, al fin de cuentas se tratarían de recursos que el Estado deja de captar y que los cede
implícitamente a las mismas empresas para que aporten en nombre propio a programas en las
zonas donde operan. En este sentido, el gobierno nacional debería vigilar su correcta ejecución,
asegurar que la inversión sea eficiente, responsable y transparente, y que contribuya a mejorar las
condiciones de vida de la población, y no un simple fondo para promover las relaciones públicas.
De otra parte, además de la salvaguarda eco-sistémica, es importante garantizar el respeto
y preservación de los entornos culturales que ciertas comunidades, principalmente rurales,
han construido histórica y socialmente en un espacio territorial determinado. Dichos entornos
permiten entender el territorio como el resultado de procesos complejos, vernáculos e incluso
tradicionales de relaciones socio-culturales y no solamente economica.
Toda política con impacto territorial debe respetar dicha concepción del territorio por cuanto
generalmente el arraigo territorial para ciertas comunidades culturales es la fuente de su identidad,
de su cosmovisión y de su proyecto de vida colectivo con base en el cual sus miembros
proyectan una imagen compartida del futuro y el alcance de lo que consideran su propio bienestar,
“buen vivir” o “plan de vida”.
Ámbito minero
La adopción de una política integral minera lleva a una transformación de la institucionalidad
minera que va desde extender su autoridad al territorio nacional, fortalecer técnicamente todas
sus dependencias, profundizar en el conocimiento propio del sistema minero, eliminar la
dependencia de la información de los particulares, ejercer soberanía y control sobre los RNNR
del país, hasta rechazar toda forma de cooptación de las empresas y los gremios mineros, y actuar
en coordinación con la instancia de evaluación integral y demás ministerios competentes.
• Ejercitar sus funciones siguiendo los fundamentos de la política integral minera, es decir, considerando
que los RNNR son bienes públicos, que el Estado a través de diversas autoridades
ejerce el control y la soberanía sobre los mismos, que éstos son estratégicos para el desarrollo
de la economía y el bienestar de la población, y que las decisiones sobre proyectos de minería
necesaria deben pasar por la evaluación y decisión de la instancia de evaluación integral.
• Apoyar junto con las demás instituciones del orden central y territorial a la instancia de
evaluación integral minera en la definición de los proyectos de minería necesaria y en los
estudios y análisis que permitan viabilizarlos o rechazarlos según su balance integral de
costo/beneficio.
• Apoyar a la instancia de evaluación integral y demás entidades competentes en la realización
de las audiencias públicas y consultas previas como instrumento para el ejercicio de sus
derechos y medios de expresión de las comunidades durante la evaluación de los proyectos
de minería necesaria propuestos en sus territorios.
• Entregar los títulos a los proyectos de minería necesaria aprobados por la instancia de evaluación
integral y fiscalizar directamente el cumplimiento de las obligaciones legales y con-
Minería en Colombia
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