Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
• Hacer las veces de entidad de evaluación integral de los proyectos de minería a partir de los informes
de seguimiento y fiscalización realizados por los ministerios y entes competentes para
garantizar su ejecución en línea con la política minera, y adoptar los correctivos necesarios.
Instancia evaluadora y el rol de las entidades competentes
La decisión adoptada por la instancia de evaluación propuesta sobre proyectos específicos de minería
necesaria será informada a las entidades competentes –ministerios de Minas y energía/ANM, Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Interior, corporaciones autónomas regionales–, para que cada una
de ellas proceda en consecuencia con sus competencias. Sin embargo, muchas de esas competencias
deberán ser reformadas para ajustarse a la nueva política integral minera, como, por ejemplo:
• Re-direccionamiento de funciones orientado a concretar los objetivos de la Política Integral
Minera y al reto de hacer de la minería un medio para alcanzar el desarrollo económico y el
bienestar de los ciudadanos, en un ambiente de prosperidad, equidad y convivencia pacífica.
• Estricta observancia de coordinación y estrecha colaboración entre esta instancia de evaluación,
los ministerios competentes y las entidades del orden territorial para el desarrollo
de la política integral minera.
• Fortalecimiento institucional con la disposición de presupuestos adecuados a sus funciones
y la incorporación de profesionales idóneos, siendo uno de sus propósitos urgentes, llevar la
autoridad al territorio nacional en cumplimiento de los mandatos de la Carta Política.
• Presencia perdurable y gestión de las autoridades competentes del macro-sistema minero en
el territorio nacional, bajo los principios de coordinación, subsidiaridad y concurrencia en
los temas en los cuales se cruzan intereses de la Nación con los de los territorios.
• En esta misma dirección, fiscalización permanente por parte de los organismos competentes–ministerios
de Ambiente, Minas y Energía, Interior y de Seguridad Social–, cada uno
según sus competencias, el desarrollo de los proyectos de minería necesaria, cuyos resultados
han de ser entregados a la instancia de evaluación para velar por el cumplimiento de la
integralidad de condiciones, compromisos y restricciones de la actividad sujeta de control, y
ordenar los ajustes del caso.
Ajustes normativos integrales
Para que el macro-sistema minero pueda funcionar de acuerdo con los objetivos de una nueva
política integral minera, es necesario que: a) la Nación y las entidades territoriales, establecidas
sus competencias, actúen conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad
consagrados en el artículo 288 de la Carta Política y la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial; y b) que las entidades competentes introduzcan cambios institucionales y ajustes
normativos que los obligue a actuar de manera armónica.
Con respecto al primero, es decir, el a), la Corte Constitucional al declarar con exequibilidad
condicionada el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, señala que en virtud de los principios men-
Minería en Colombia
67