Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
titucional de la explotación de los recursos naturales no renovables, es la garantía de un entorno
social, ambiental y cultural que permita el desarrollo sostenible de dicho mejoramiento colectivo.
Desde este enfoque, la especial protección del subsuelo y de los recursos naturales no renovables
que tienen relación con el mismo, reviste un carácter de justicia trans-generacional, que
obliga al Estado y a la sociedad a conservar y preservar elementos indispensables para la supervivencia
colectiva de los seres humanos que habitan el territorio colombiano. Así lo ha señalado
la Corte Constitucional (2010), cuando afirma lo siguiente:
“La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional
al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor
insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. Desconocer la
importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida
misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones.”
Los principales elementos de dicha justicia se encuentran en la aplicación del artículo 332 de
la Constitución, interpretado en íntima relación con los artículos 80, 334 y 360. Es a partir de
dicha lectura que puede entenderse el alcance del modelo de concesiones mineras vinculado al
sistema regalista de propiedad sobre el subsuelo y los recursos mineros, desde la perspectiva
constitucional. De manera sintética, los artículos señalados ordenan lo siguiente:
1. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos no renovables.
2. El Estado debe intervenir en la explotación de los recursos naturales para racionalizar la economía
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
3. La explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del Estado, una contraprestación
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte.
4. El Estado tiene el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su consecución, restauración o sustitución.
Con base en las anteriores disposiciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (2010a)
ha sido enfática en señalar que “el Estado en su calidad de propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, tiene, de un lado, la obligación de conservación de estos bienes y, de otro
lado, los derechos económicos que se deriven de su explotación, y por tanto la competencia y la facultad
para conceder derechos especiales de uso sobre dichos recursos, a través de concesiones”. De lo
anterior se desprenden dos situaciones:
a. Que como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, el Estado es
titular originario de las regalías, esto es de las rentas que se producen como consecuencia
de la contraprestación de la explotación de dichos bienes.
b. Que la Constitución autoriza al Estado conceder derechos especiales de uso sobre sus recursos naturales
no renovables, lo que hace que surjan, de un lado, deberes y derechos públicos subjetivos
para el concesionario basados en un poder jurídico especial de uso del respectivo bien público y, de
otro lado, derechos económicos y de conservación del bien para la sociedad a través del Estado.
Minería en Colombia
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