Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
tradicionales, tales como el caso de las reservas especiales de Tibita (Cundinamarca y Boyacá)
y Jericó (Boyacá), a pesar de que la ley establece que en estas áreas no se pueden otorgar sino
a estas comunidades; la expedición de títulos con áreas y formas que no permitirían ninguna
explotación minera económicamente viable, lo que indujo a concluir que su registro únicamente
tuvo propósitos especulativos; y la gran acumulación de solicitudes en cabeza de unos pocos
solicitantes sin ninguna acreditación de la capacidad económica requerida para desarrollar las
actividades de exploración propuestas 17 .
Como parte de este proceso de reestructuración formulado por el entonces ministro Rodado, desde
el 1 de febrero de 2010 se cerró la ventanilla de recepción de nuevas solicitudes de asignación
de concesiones. Cierre que fue levantado el 2 de julio de 2013 por el ministro Rengifo, a pesar de la
advertencia sobre los riesgos de esta decisión formulada por la Contralora General de la República
el 28 de junio del mismo año y sin que hasta el momento exista información específica sobre los
procesos y las decisiones que se tomaron para afrontar estas inconsistencias.
Lo que sí puede observarse es que durante el período de 29 meses de cierre de la ventanilla de
recepción de solicitudes de titulación, éstas no se suspendieron totalmente pero sí disminuyeron
sustancialmente 18 . De esta forma, en la actualidad hay 8.785 solicitudes radicadas en el Catastro
Minero que se encuentran en proceso de estudio, por un total de 13,7 millones de hectáreas. De
ellas, 2.028 solicitudes (4,3 millones de hectáreas) aparecen radicadas el 2 de julio de 2013, precisamente
el día que se reabrió la ventanilla; así como 1.291 radiadas en fechas posteriores (un
millón de hectáreas). De esta forma, según las cifras del Catastro Minero a diciembre de 2013, de
las 19 mil solicitudes que anunció el entonces ministro Rodado que entraban en revisión, todavía
quedan sin solución definitiva 5.245 de ellas (8,4 millones de hectáreas).
Por otra parte, desde el momento de haber sido declarada la emergencia, la dinámica de titulación
se desacelera. Sin embargo, sigue siendo, en órdenes de magnitud, de proporciones similares a las
de la segunda administración Uribe, en contraste con las históricas que se presentaban antes del
2004. De esta forma, durante los tres primeros años de la administración Santos (hasta diciembre
de 2013) se han otorgado 2.128 títulos por 1,4 millones de hectáreas, equivalentes a más de la mitad,
tanto en número como en área, de las otorgadas durante la denominada “piñata de los títulos
mineros” de la administración Uribe. Como resultado, en la actualidad hay 9.072 títulos mineros
vigentes en el país, con una cobertura total de 5,3 millones de hectáreas tituladas.
Esta situación tiende a acentuarse si se mantiene el criterio de que las solicitudes actualmente
en estudio generarían derechos adquiridos, como implícitamente lo reconoce la actual administración
minera. Esto se pone en evidencia en la Resolución 0045 emitida por la Agencia Nacional
de Minería el 20 de junio de 2012 y mediante la cual se declaran y delimitan áreas estratégicas
mineras en los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas y Chocó. Estas
áreas quedaron por fuera de la aplicación del principio rector de la política general minera del
17 Ver al respecto SGC (2012) pp. 16-19 y CGR (2012) pp. 156-160.
18 En el en el Catastro Minero Colombiano aparecen 171 solicitudes de titulación actualmente vigentes, para
un área de 39.873 hectáreas, con fecha de radicación entre el 1 de febrero de 2011 y el 1 de julio de 2013,
período durante el cual estuvo formalmente cerrada la ventanilla de recepción de solicitudes de titulación.
Minería en Colombia
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