Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Por su parte, la acidificación de aguas en rocas con altos contenidos de sulfuros y la consecuente
liberación de especies químicas tóxicas al ambiente no es una consideración teórica sino la respuesta
de los materiales ante nuevas condiciones físico-químicas en el marco de cumplimiento de leyes
naturales, leyes que deben ser comprendidas e involucradas en los nuevos paradigmas jurídicos que
trasciendan una corriente de opinión que ha pretendido desligarse de la naturaleza.
Los riesgos a ser tolerados por decisión de la sociedad deben basarse en mejor información técnico-científica
que sea pública y, además, socializada con esmero, priorizando las comunidades
que eventualmente puedan ser afectadas.
La reflexión sobre el daño que ejerce la minería sobre los subsistemas que componen los ecosistemas
no se ha dado debida y sustentadamente en el país. Ojalá desde instituciones como las
altas cortes y otras públicas y de la sociedad civil se aborden temas como el daño ambiental desde
una perspectiva científica –en los ámbitos geoquímico, mineralógico, ecosistémico–, para
orientar con mayor sustento decisiones sobre el licenciamiento ambiental y afines.
La responsabilidad de las autoridades es precisamente identificar los previsibles y eventuales
impactos ambientales y evaluar si en términos de ética, tiempo, espacio, racionalidad y economía
son posibles de prevenir, mitigar, corregir o compensar. La contaminación perpetua que se
genera en escombreras mineras y en otro tipo de desechos mineros como las colas o relaves es
irreversible e inevitable, de acuerdo con consideraciones geoquímicas y termodinámicas.
Es posible que en ámbitos jurídicos se plantee que si bien la ocurrencia del daño es segura ex
ante, existen dificultades en actuar de manera preventiva dado que no hay un perjudicado (humano
o del ecosistema) actualmente afectado. No obstante lo anterior, casos ilustrativos como
la liberación presente de arsénico en Santurbán, detectada de manera preliminar con base en
el análisis de aguas que una comisión técnica apoyada por la Contraloría General de la República
efectuó sobre aguas afluentes del río Suratá, y además por la propia empresa minera, de
acuerdo con lo planteado en el Estudio de Impacto Ambiental, o como el de las aguas subterráneas
deterioradas por el enriquecimiento excesivo en minerales ya detectado por la Contraloría
en adyacencias a los botaderos mineros de La Jagua y La Loma, llevan a plantear serios
cuestionamientos con respecto a la oportunidad de la toma de decisiones o de la aplicación del
principio de precaución. La acidificación de aguas en rocas con altos contenidos de sulfuros y
la consecuente liberación de especies químicas tóxicas al ambiente no es una consideración
teórica sino la respuesta de los materiales ante nuevas condiciones físico-químicas en el marco
de cumplimiento de leyes naturales, leyes que deben ser comprendidas e involucradas en los
nuevos paradigmas jurídicos que trasciendan una corriente de pensamiento que ha pretendido
desligarse de la naturaleza.
Como se ha visto de la revisión acerca de la duración de los efectos que produce la actividad
minera, de la intervención que sobre los diferentes sub-sistemas produce, involucrando la remoción
total de ellos en los tajos o galerías, y la transformación que de manera permanente se
presenta en los residuos mineros, es evidente que la minería, en particular, la que se realiza a
cielo abierto, configura un daño ambiental per se.
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