Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Lo mencionado también debe mirarse frente al apoyo que las otras actividades económicas reciben
del gobierno nacional, tales como las agropecuarias que inciden directamente en las políticas
de seguridad alimentaria de Colombia.
Debe señalarse que la forma en que los diferentes Estados han implementado la evaluación de
los impactos socio-ambientales o el proceso del licenciamiento ambiental, varía de país a país,
en mayor o menor grado de rigurosidad o regulación. Una de las diferencias más determinantes
está dada por el sistema de organización estatal, principalmente entre Estados unitarios y federales.
Esto por cuanto que un manejo centralizado implica una regulación e institucionalidad
nacional que dirija, además de las políticas, las especificidades propias del procedimiento para
que se evalúen los impactos sociales y ambientales de una determinada obra, actividad o proyecto,
y obtener la licencia ambiental.
Por su parte, el federalismo implica un alto grado de autonomía de los Estados o provincias
asociadas que conforman una determinada Nación, de tal manera que son autónomas para
expedir normas y hasta sus propias constituciones, siempre en el marco de las leyes y la Constitución
Política Federal que se haya adoptado.
Así, por ejemplo, la Constitución Política de la República Argentina contempla en su artículo
41 las directrices nacionales para la protección del medio ambiente, tales como la expedición
de las normas de “presupuestos mínimos ambientales” que son de obligatoria observancia
por todas las provincias. Sin embargo, es por medio del poder legislativo de cada una de estas
provincias que se implementan las normas específicas que permitirán aplicar los mandatos
constitucionales federales, las cuales pueden ser más rigurosas pero no más flexibles que lo
determinado por la Constitución Nacional 76 .
No obstante, el artículo 124 77 de dicha Carta Política Federal establece que la propiedad originaria
de los recursos naturales pertenece a las provincias, lo que implica un alto grado de
76 http://www.senado.gov.ar/deInteres. Constitución Nacional Argentina “Artículo 41o.- Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
77 Constitución Nacional Argentina. Artículo 124o.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y
no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito publico de la Nación; con conocimiento
del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
http://www.senado.gov.ar/deInteres.
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