Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Igualmente, la Policía Nacional firmó el Convenio Interadministrativo de Asociación No. 102
de 2011, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y logísticos
entre el Ministerio de Minas y Energía (MME), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), y la Policía Nacional -Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR),
para el desarrollo de acciones de prevención control y erradicación de la minería ilegal, con el
fin de proteger los recursos naturales y el medio ambiente y de elevar el nivel de productividad
y competitividad de las explotaciones mineras”, con la participación del Fondo Rotatorio de la
Policía (FORPO) como ejecutor de los recursos económicos.
Este convenio destinó en 2011 $2.550 millones para la DICAR, los cuales fueron administrados por
el FORPO, siendo su origen el siguiente: $2.250 millones del Ministerio de Minas, $300 millones
del Ministerio de Medio Ambiente y $461 millones en especie aportados por la Policía Nacional en
términos del aporte de personal de la DICAR. En 2012, los recursos destinados para la DICAR en el
marco de este convenio sumaron $3.050 millones, de los cuales $2.750 millones fueron girados
por el Ministerio de Minas y los restantes $300 millones restantes por el de Medio Ambiente.
La Policía Nacional ha adelantado distintas operaciones en coordinación con las diferentes autoridades
69 , con el fin controlar, erradicar y penalizar las actividades de extracción ilegal de
recursos naturales no renovables. Los resultados obtenidos por los operativos realizados desde
2010 hasta la fecha se resumen en el cuadro 3, siguiente página.
Hasta el año 2011, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural no contaba con almacenes, bodegas
o patios para el almacenamiento, custodia de las máquinas y demás material probatorio,
ni con el equipo requerido para la correcta recolección, conservación y embalaje de elementos
materiales y evidencia física, así como tampoco de elementos para el desmonte de entables
mineros, clasificadores, motores y dragas y el manejo de retroexcavadoras, ni de cama-bajas
para trasladar los elementos incautados. Incluso, en situaciones de flagrancia, los elementos de
prueba se dejan en el lugar, realizando la inmovilización, mas no la incautación de los mismos.
Las diligencias judiciales, la compilación de pruebas y la incautación de material probatorio
requieren de personal experto en conceptos minero ambientales. Infortunadamente no se
cuenta con personal capacitado en el procedimiento de recolección probatoria, ni en normas
minero-ambientales. Tampoco con expertos que realicen el peritaje en los operativos lo cual
dificulta la judicialización, identificación e individualización de los capturados y la recolección
de pruebas y consolidación del delito.
Además, los comandos de Policía en zonas mineras deben responder por diferentes situaciones
de alteración del orden público y, por lo tanto, la fuerza pública resulta insuficiente para atender
las labores de control y seguimiento a los cierres de minas.
69 En algunas ocasiones, se necesitó apoyo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Colombiana como
consecuencia de la inaccesibilidad del terreno, las condiciones de orden público y otros imprevistos
existentes dentro en las zonas donde se ejecutaron las operaciones.
Minería en Colombia
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