Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
• Cuando se suscribe el contrato de concesión minera, no intervienen las autoridades ambientales.
• La primera fase de las actividades mineras es la exploración –que tiene un término de 3 años,
prorrogables por 2 más–, la cual está sujeta a la aplicación de guías minero ambientales y a
la obtención de permisos ambientales.
• La licencia ambiental solamente es exigida de manera previa a la etapa de explotación. De
manera que no hay forma de que la garantía o póliza que se constituye al suscribirse el contrato
de concesión, garantice obligaciones ambientales, y la norma no dispone que ésta
deba modificarse cuando se otorgue la licencia ambiental.
Este, que es un asunto de suma importancia, requiere que sea revisado por las autoridades ambientales
toda vez que no tienen conocimiento de cuántas pólizas existen ni del estado de las
mismas, a pesar de que con ellas se garantizan las obligaciones ambientales de los proyectos
mineros con el evidente deterioro ambiental que ocasionan.
Los impactos negativos que ocasiona la minería, son referenciados en la Política Nacional para
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) formulada por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2012:
Respecto a los impactos de la minería de carbón y oro se encuentran el aumento en la
sedimentación de cuerpos de agua; la emisión de gases, material particulado y ruido;
la generación de estériles y escombros; y la contaminación del suelo por metales pesados
y otros químicos (CGR 2008). En la actividad aurífera los procesos de cloruración,
lixiviación por cianuro y amalgamación con mercurio, los procesos pirometalúrgicos y la
disposición de colas, generan residuos tóxicos que repercuten en el incremento de riesgos
asociados con la perdida y transformación de la biodiversidad que estos desechos puede
estar generando. (Pág. 74)
El impacto de la minería en los paisajes colombianos no es asunto nuevo, de hecho, entre
1600 y 1850 esta actividad dominó la economía colombiana, en la cual la agricultura y la
ganadería ocuparon un papel relativamente menor (Etter et al. 2008). Sin embargo, los
impactos sobre la biodiversidad fueron puntuales y relativamente bajos. Caso contrario
a lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Los títulos mineros solicitados y
otorgados para actividades como la extracción de carbón, aumentaron en un 87% entre
los años 2004-2007, concentrados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cesar,
Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, trayendo como resultado un aumento
del 77 % en la actividad entre los años 2000 y 2007. Para la actividad aurífera el número
de títulos solicitados para oro se quintuplicó entre el año 2003 al año 2007 (CGR 2008).
En el tema hidrocarburos, en tiempos recientes se han presentado situaciones que ameritan
atención. A febrero de 2011 el área total asignada para actividades petroleras en el
país (exploración, en producción, con evaluación técnica y áreas reservadas) asciende a
66.498.313 ha (41% del total del área de las cuencas sedimentarias del país), de las cuales
21.476.379 ha son continentales y 45.021.934 ha son marinas (ANH 2011). (Pág. 77)
Como se puede apreciar, la problemática asociada a la minería se extiende a los hidrocarburos,
actividades estas sujetas a licencia ambiental, razón por demás, para que las autoridades am-
Minería en Colombia
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