Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
la Ley 141 de 1994, inferiores al promedio latinoamericano, y c) se trata de un evidente detrimento
patrimonial que se mantiene a favor de las compañías mineras.
Sería necesario, entonces, analizar la creación de instrumentos de participación del Estado
en el caso de la minería. Bien podría tratarse del cobro por derechos o participaciones por la
explotación, contratos de asociación minera o la constitución de una empresa pública minera
para que, directamente o en asociación con empresas privadas, pudiera contribuir a la materialización
de los objetivos de la política integral mineral, así como a recaudar regalías en
especie y a comercializarlas directamente, evitando que las compañías mineras descuenten
esta contraprestación de sus impuestos.
En los contratos petroleros de Exploración y Producción (E&P) se establece el derecho de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos a participar de los mayores precios sobre la producción
de su propiedad, a una participación en la producción de hidrocarburos después de regalías e
incluso a un aumento de esta participación en caso de renovación de los contratos, de entre
10 y 15% para crudos y 5% para gas.
Se trata de obligaciones contractuales que mejoran la renta petrolera del Estado. En minería,
salvo compensaciones adicionales a las regalías en los contratos de aportes aprobados en los
años 70s y 80s, no existe ninguno de estos derechos. Hay en estos contratos cláusulas sobre la
participación del Estado en los ingresos extraordinarios de las empresas por concepto de alza
de los precios, sin embargo, las fórmulas para su cálculo siempre han operado de forma tal que
el Estado no ha recibido recursos por este concepto.
El país está en mora de implementar otros instrumentos de política pública que coadyuven a
ejercer el control soberano sobre los recursos, a racionalizar la explotación, a mejorar la renta
minera a favor del Estado, a elevar los ingresos mineros del Estado cuando las condiciones
del mercado arrojen rentas elevadas, y a generar un balance integral beneficio/costo positivo
para la Nación en consonancia con la necesidad de preservar el medio ambiente, mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de las áreas de influencia, sin atropellar la cultura y los
derechos de las minorías étnicas, campesinos y colonos.
Es deber del Estado preservar el patrimonio público salvaguardar el interés público, garantizar
una inversión del patrimonio público en bienes y servicios destinados a la comunidad y al goce
efectivo de derechos constitucionales, y realizar una gestión eficaz que incluye el conocimiento
de la composición del patrimonio estatal.
Esta última obligación refuerza la necesidad de que el Estado no puede depender únicamente
de la información sobre los RNNR del país –calidad, volumen y ubicación– aportada
por las empresas mineras.
Minería en Colombia
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