Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
hecho de que “es de interés público el libre acceso al aprovechamiento de los minerales” (Vergara
Blanco, 2012, p. 43). El libre acceso así destacado, involucraría la expropiación de los terrenos
superficiales relacionados con la explotación minera por cuanto en Chile imperan los principios
de completa separación entre (no) propiedad sobre las minas y “propiedad de las personas naturales
o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas” (Constitución chilena),
por un lado, y de sujeción de los predios superficiales a “las obligaciones y limitaciones que la ley
señale para facilitar la explotación, la explotación y el beneficio de dichas minas” (Ib.).
Estas tesis son, entonces, una justificación jurídica de un modelo (neo) liberal basado en una
lectura de la Constitución chilena desprovista de su alcance social-redistributivo. Lo anterior
desdibuja el alcance de lo público y tiene consecuencias en temas como las regalías y su relación
con fenómenos de des-patrimonialización estructural del Estado, tan importantes para
entidades de fiscalización de recursos como la Contraloría General de la República, por cuanto a
la luz de estas tesis, las regalías no son el precio que el dueño (Estado) exige como contraprestación
al tercero (particular) por la explotación de recursos que hacen parte de su patrimonio,
sino que deberían ser entendidas como el ejercicio de la potestad tributaria, es decir, como un
impuesto específico a la “actividad” minera.
Por su parte, en México, algunos doctrinantes del derecho minero tienen posturas análogas
a las destacadas para el contexto chileno e incluso para el peruano, por cuanto autores como
Kunz (2012), sostienen que “el propietario del suelo lo es del subsuelo” (p. 44), a pesar que el artículo
27 de la Constitución mexicana establezca que “corresponde a la Nación el dominio directo…
de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos” y que dicho dominio de
la Nación “es inalienable e imprescriptible”.
Para llegar a dicha conclusión, el autor citado señala que las referencias normativas que en la
legislación mexicana aluden al subsuelo son equívocas y ligeras porque ignoran las distintas
utilidades del subsuelo, entre las cuales precisa anotar la de cimentar las edificaciones del
propietario superficiario o hacer construcciones subterráneas útiles al ejercicio de su derecho
a la propiedad, que no podrían ser objeto de prohibición o de autorización estatal previa. Sin
embargo, es preciso anotar que la norma constitucional mexicana no hace referencia al subsuelo
sino a elementos y recursos que se encuentran ubicados en él. De allí que Kunz (2012)
concluya que el hecho de que la Constitución no haga referencia explícita al subsuelo, permite
interpretar que el subsuelo no es de propiedad estatal y que, por ende, es de propiedad del
titular de los derechos superficiarios.
Adicional a lo anterior, el autor citado señala que el dominio que la Constitución atribuye a la
Nación mexicana sobre recursos contenidos en el subsuelo no es de carácter patrimonial sino
de carácter soberano, es decir, no alude a la propiedad en el sentido del derecho civil, sino
de propiedad originaria entendida como imperium, equiparándola, con base en autores como
Acosta Romero, a la soberanía en tanto “poder jurídico (del Estado) sobre su territorio, que no
es sino uno de sus elementos” (p. 38). Esta forma especial de dominio, sería originaria porque
constituiría el “fundamento u origen de los demás derechos reales” (Kunz, 2012, p. 39).
Minería en Colombia
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