Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
• Analizar, discutir y decidir los principios y criterios rectores, así como los protocolos técnicos
y administrativos, para definir sobre la conveniencia o no de los proyectos medianos-grandes
y de gran minería necesaria que se proyecten en el país, tomando en debida consideración
los intereses nacionales en otros sistemas, como el ambiental, el territorial, la agricultura,
la ganadería, el turismo, por ejemplo.
• Promover la realización de estudios oficiales o privados, según el caso, que provean información
ambiental, social y económica propia para el análisis comprensivo, la toma de decisiones
sobre la conveniencia de proyectos de mediana-grande y gran minería necesaria, y el
seguimiento de aquellos aprobados después de surtir los protocolos suscritos en el marco de
la política integral minera.
• Ejercer como responsable inter-institucional de la coordinación entre las diferentes entidades
competentes del macro-sistema minero y de adelantar audiencias públicas y consultas
previas para garantizar en nombre del Estado la participación libre, informada y vinculante
de los habitantes de potenciales zonas mineras y de las comunidades étnicas, campesinos y
colonos en la evaluación y posterior viabilización de los proyectos de minería necesaria.
• Ejercer como responsable institucional de la aprobación/negación de los proyectos evaluados
y presentar al país el resultado de los respectivos balances integrales beneficio/costo, debidamente
sustentados según los principios, criterios, metodología de evaluación comprensiva y
protocolos administrativos (inter-institucionales) establecidos por la política integral minera.
• Comunicar en nombre del Estado a los proponentes mineros el rechazo de sus propuestas,
cuando su desarrollo no sea conveniente o el balance integral sea negativo, y comunicar a
las entidades competentes los proyectos de minería necesaria aprobados para que procedan
según sus funciones a la titulación minera y licenciamiento ambiental, y al control, seguimiento
y fiscalización.
• Generar nuevos instrumentos contractuales que permitan superar las condiciones obsoletas
de los contratos de concesión minera vigente en términos de preservación ambiental, gestión
social, derechos y compensaciones a favor de la Nación, y respeto por los derechos de
las comunidades étnicas, campesinos y colonos.
• Eliminar el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” como fórmula para
la entrega de títulos de minería necesaria e implantar un proceso de selección objetiva o
sistema de rondas mineras, similares a las de hidrocarburos, para ofertar proyectos medianos-grandes
y de gran minería necesaria, y adjudicarlos a quien propongan las mejores condiciones
para mejorar la balanza integral beneficio/costo en favor de la Nación.
• Promover la creación de contratos de asociación minera en los que el Estado tenga una participación
sobre la producción, además de los impuestos y las regalías. En hidrocarburos, esta
participación hace parte de la puja que resuelve el otorgamiento de contratos de exploración
y explotación en las rondas organizadas por la ANH.
• Evaluar y, de ser el caso, promover la creación de una empresa pública minera que actúe
directamente o en alianza con empresas privadas para el desarrollo de proyectos de minería
necesaria, y que recaude y comercialice las regalías en especie generadas en cada operación,
de manera similar a como lo hace actualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
• Pronunciarse y decidir sobre la concesión de prórrogas de contratos mineros existentes y
prohibir la cesión de derechos y la especulación en el exterior, entre compañías mineras, con
los RNNR del país. Por ejemplo, la venta de derechos en paraísos fiscales está facilitando el
Minería en Colombia
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