Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
explotación, todos basados en estudios ambientales previos. Informa la autora citada que “los
solicitantes deben completar un permiso de uso de la tierra, así como cuestionarios suplementarios”
(p. 4). En estos casos, “los proyectos mineros deben solicitar tanto una licencia de explotación
minera como un permiso de minería, los cuales tienen funciones distintas” (Hurley, 2012, 4):
la primera, la de “realizar un seguimiento del cumplimiento de la obligación de pagar la renta al
Estado” y, el segundo, la de “documentar los impactos potenciales que se produzcan en la zona
aledaña al proyecto” (p. 5), ya sean éstos de carácter ambiental, social o cultural.
Finalmente, existen propuestas de modelos intermedios llamados de ocupación o de manera
sofisticada, mediante latinismos tales como “res nullius” o “publicatio minera”. Estos modelos
son una expresión radical de la regla de captura norteamericana, pero incorporada forzosamente
a sistemas regalistas. Por un lado, para este modelo, el dominio de las minas está adscrito a
su primer ocupante. Para llegar a dicha conclusión, la propuesta parte de la negación, incluso
radical, de la propiedad estatal del subsuelo para sostener que éste es una “res nullius”, es decir,
una “cosa de nadie”. En este caso, el modelo es aplicable en favor de quien “descubre” por
primera vez un yacimiento minero, o de quien “restaura” una mina abandonada por otro.
El modelo de ocupación es particularmente anacrónico, porque es análogo a los modos primigenios
y remotos de adquirir el dominio de las cosas, mediante su aprehensión, hallazgo o
descubrimiento, que, por lo demás, en justicia, no es producto del trabajo humano, sino que es
el resultado del azar, de la suerte de aquel que, antes que otros, descubre una fuente de riqueza,
situación frente a la cual, el Estado no interviene sino que respeta la regla de “primero en el
tiempo, primero en el derecho”. En este caso, el Estado es un vigilante de la “pacífica” apropiación
de las riquezas del subsuelo mediante la aplicación automática de una regla temporal, pero
sin participar de ningún tipo de decisión adicional en relación con la racionalidad o pertinencia
pública de la explotación.
Como se verá más adelante, la aplicación de este modelo “intermedio”, es un retorno al liberalismo
económico radical que desdibuja las finalidades del Estado y las reduce a su mínima
expresión policiva por cuanto, en este modelo de (neo)liberalismo minero, “no hay apropiación
estatal” del subsuelo y de los recursos mineros, de manera que se calificarían los minerales
in situ (no extraídos del subsuelo) “como libres o disponibles: no estarían sujetos a propiedad
estatal ni a propiedad privada” (Vergara Blanco, 2012, p. 12), pero de uso exclusivo de quienes
tienen la capacidad y poder para explotarlos y extraerlos de su habitáculo natural.
Como puede entreverse, en este modelo, a diferencia de los anteriores, el Estado no asume roles
de regulación de la actividad y explotación, ni de prevención de sus implicaciones en sentido
estricto. Desde este punto de vista, constituye un modelo extremista en aquella versión que supone
los minerales como una mercancía corriente, para lo cual se precisa de despojar a ultranza
a este tipo de recursos de las implicaciones de no renovables y escasos, e incluso de ignorar el
carácter sistémico de la actividad minera en términos de sus múltiples y muy diversos impactos.
Lo interesante es que varios de los actuales defensores de este modelo en Latinoamérica, basan
su pertinencia en una crítica del modelo regalista, tildándolo de anacrónico y de absolutista,
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