Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
das por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en relación con valores, principios o derechos
constitucionales, como los anteriormente destacados. De esta manera, el modelo de
concesiones existente en Colombia tiene un alcance constitucional, de carácter público, que lo
cualifica y lo separa de cualquier concepción de derecho privado.
Desde la perspectiva del derecho público y, específicamente, desde el enfoque del derecho constitucional,
la propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, implica
que en aquellos casos donde el Estado otorga autorizaciones a particulares para su exploración
y explotación, sin excepción, dichas actividades tienen como finalidad principal el beneficio
de la economía colectiva, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento colectivo de
las condiciones de vida, independientemente de que la autorización admita o no un beneficio
económico para el particular beneficiado con la misma.
La razonabilidad en la explotación de los recursos públicos obliga al Estado a salvaguardar en todos
los casos los intereses colectivos, de allí que autores ya clásicos como Sarria (1960) sostengan
tempranamente que “la explotación y beneficio técnico del yacimiento minero, en tanto necesidad
general o pública, constituye la esencia misma de todo régimen legal sobre la materia” (p. 86).
Desde dicha perspectiva, el modelo de concesiones mineras actualmente vigente en Colombia
supone, como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia (citada en Sarria, 1960) incluso antes
de la expedición de la Constitución de 1991, que “cuando el Estado permite que un particular
explote una mina de su propiedad, no busca simplemente una fuente de entradas para sí, sino
que persigue con ello un fin que ha de traer provecho a la sociedad en general”. Así, en principio,
la concesión no es exactamente un contrato sino un permiso estatal cuyos requisitos previos
obedecen a una finalidad constitucional: el cumplimiento del particular de la función social de
situar la explotación de las riquezas en un plano de servicio a la colectividad.
Para entender con mayor precisión jurídica el alcance del modelo concesional que, con base en
el indiscutible dominio estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables concebido
en la Constitución de 1991, rige en Colombia, se requiere indagar algunas especificidades vinculadas
a la naturaleza de la actividad minera desde la perspectiva constitucional.
En efecto, desde la perspectiva del alcance constitucional de las actividades mineras, éstas pueden
ser concebidas cuanto menos como (1) un servicio público; (2) una expresión de la soberanía
estatal que se desprende de la facultad de intervención del Estado en la explotación de los
recursos naturales y de su deber de planificación, manejo y aprovechamiento de estos recursos;
o (3) una actividad económica de exclusivo control del Estado.
Minería y servicios públicos
El servicio público, como fundamento del derecho administrativo, puede definirse, en términos
muy genéricos, como toda actividad estatal encaminada a la satisfacción del bienestar e intereses
de los asociados (Maldonado Gómez, 2010). En Colombia, el artículo 365 de la Constitución
Minería en Colombia
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