Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
las diferentes entidades públicas sectoriales con el ánimo de incentivar su compromiso con los
procesos de licenciamiento.
Así mismo, se expresa que actualmente no se dispone de estudios o evaluaciones sobre licenciamiento
ambiental que permitan establecer su impacto real sobre los recursos naturales. Las
licencias ambientales se han expedido con base en estudios que tienen serias deficiencias. Además,
no se han desarrollado acciones para garantizar que las medidas de manejo y mitigación
adoptadas se cumplan a cabalidad, y reitera que actividades de exploración minera se adelantan
sin necesidad de tramitar la licencia ambiental a pesar de los impactos negativos que ocasionan.
Estas situaciones, como se ha apreciado, no se han subsanado.
Sentencia T-154 de 2013 de la Corte Constitucional 67
En armonía con lo que se ha expuesto a lo largo de este capítulo, mediante la Sentencia T-154
de 2013 la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente
sano del señor Orlando José Morales Ramos y su núcleo familiar por la violación de derechos
fundamentales en razón a las emanaciones nocivas y residuos provenientes de la explotación de
carbón a cielo abierto en la mina “Pribbenow”, corregimiento La Loma, municipio El Paso, Cesar,
realizada por la empresa Drummond Ltd.
Dentro del proceso de la acción de tutela, Drummond Ltd. manifestó ser “fiel cumplidora de la licencia
ambiental otorgada” y respetar los límites legales de emisiones y ruido, lo cual fue ratificado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 68 , en consideración a que los límites legales
de emisión y las obligaciones derivadas de la licencia habían sido acatadas por la empresa.
Al respecto, luego de hacer un recuento y análisis del alcance de los diferentes derechos que
se encuentran involucrados en el caso, la Corte Constitucional citó diferentes fallos de la Corte
Europea de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
relacionados con el deber estatal de protección del ambiente en relación con la salud pública, y
en los cuales se condena a los diferentes Estados por omisión en el deber de adoptar las medidas
que garanticen de manera efectiva el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano.
En tal sentido, y frente al instrumento de gestión ambiental colombiano –Licencia Ambiental–
la Corte Constitucional se manifestó respecto de su alcance en relación con la protección de los
derechos fundamentales de las personas que deben soportar el desarrollo de proyectos económicos
en su entorno. Al respecto, señaló que:
Debe observarse que las licencias de funcionamiento y el presunto ceñimiento a los requisitos
por parte de la empresa accionada, no desvirtúan la constatación objetiva de la po-
67 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-154-13.htm.
68 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 3573 de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA– asumió la competencia para otorgar o negar las licencias ambientales que eran de
competencia del Ministerio de Ambiente.
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