Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
darle otro uso potencial a la zona, acorde con el medio ambiente circundante y los planes
de ordenamiento territorial municipal, los cuales pueden ser, de tipo urbanístico o industrial,
de recreación pasiva o intensiva, agrícola o forestal, conservación de la naturaleza,
depósito de agua, vertedero de estéril y basuras, etc.
Si se trata de explotaciones subterráneas se debe evaluar y definir en superficie la proyección
de los posibles daños que se pueden causar en el futuro por efecto de la subsidencia
tardía del terreno y sus consecuencias en obras civiles y de infraestructura, para lo cual se
deben calcular las consecuencias y costos, haciendo las previsiones necesarias.
Se debe adelantar la demolición y desmantelamiento de las instalaciones en superficie.
Una vez visto el breve marco legal, se pueden revisar ciertos casos de cierre minero para proyectos
de gran escala, con base en la recopilación de Fierro-Morales (2013) 149 . Existen muy pocos
casos exitosos de cierres mineros en el país y entre las excepciones se encuentran la mina de sal
de Zipaquirá y dos canteras distritales en Bogotá, que tienen en común haber sido gestionadas
en su recuperación con dineros estatales (por haber sido explotaciones llevadas a cabo total o
parcialmente por entidades de capital público) y la construcción de conjuntos residenciales en
zonas de cantera ubicadas en Bogotá donde el precio del suelo es elevado (Usaquén), aunque
la mayor parte de estas zonas no han experimentado aún un evento sísmico considerable que
permita afirmar que su gestión es exitosa.
En lo referente a la megaminería, quizá el caso más relevante es el recientemente discutido proyecto
P500 para el cambio de curso del río Ranchería en La Guajira, en el que el conglomerado de
empresas mineras BHP Billiton, Glencore-Xstrata y Angloamerican plantea (Cerrejón, 2011 150 )
que las fosas mineras serían retrollenadas en un 50% y que para los tajos remanentes “Cerrejón
consultaría previamente con los grupos de interés para definir el destino más apropiado de la parte
remanente de los tajos. Como mínimo, serán cercados para la seguridad pública” (subrayado fuera
de texto). Es evidente que cercar estas fosas no es un planteamiento de uso futuro de una zona
afectada por actividades extractivas durante decenas de años; no se compadece este tipo de
visiones con el capital económico que puede generar para las empresas la venta de 500 millones
de toneladas de carbón térmico en los mercados internacionales.
También es ilustrativo el caso de Cerromatoso (BHP Billiton), al plantear la empresa en el instrumento
minero (Plan de trabajos y obras PTO) remitido en 2004: “El uso futuro del suelo de un
área minera es un aspecto importante de la planificación del cierre. La meta obvia para la planificación
del uso del suelo post-minería es apoyar el uso beneficioso de la tierra. Dependiendo del
estado de la propiedad de la tierra, el uso del suelo puede definirse por la compañía minera con o
sin la intervención de las autoridades reguladoras” (subrayado fuera de texto). No es aceptable
que una empresa minera se abrogue el derecho de decidir de manera unilateral el uso futuro y
su articulación con otras actividades sectoriales o con otros interesados, y se esperaría que la
149 Fierro-Morales, J. (2013). Megaminería y daños ambientales: deuda a perpetuidad. Revista Razón Pública.
150 Cerrejón (2011). “Resumen del Proyecto de Expansión Iiwo´uyaa para Grupos de Interés”.
166 Minería en Colombia