Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
dual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el
medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho indispensable para la
supervivencia de la especie humana. Por consiguiente, el Estado debe garantizar el
derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar
general, a fin de evitar que se causen daños irreparables a la persona y a la comunidad
presente y futura, más aún en situaciones críticas como la que existe en la región del
eje cafetero como consecuencia del sismo.
Como lo reconoció esta Corte en la sentencia C-328 de 1995, (MP. Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz), la protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del
Estado y de los particulares. En virtud de expreso mandato constitucional y de compromisos
internacionales contraidos por Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica,
artículo 14), al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en
materia ambiental, que el legislador no puede desconocer aún en épocas de excepción.
El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre otras formas, a
través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte
del Estado. De esa forma, solamente el permiso previo de las autoridades competentes,
hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos
potenciales sobre el ecosistema.
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su
deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a conceder o no la correspondiente
licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención
en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para
controlar sus resultados. (…)
En ese orden, concluye la Corte, que el objetivo de estas normas de excepción de imprimirle
celeridad a la realización de las obras y proyectos destinados a la reconstrucción y
el desarrollo de la zona afectada por el terremoto, tiene relación directa con la situación
de emergencia que se busca conjurar, sin que con ello se sacrifiquen las finalidades perseguidas
por los artículos 78 a 80 de la Constitución, de garantizar la protección y efectividad
del derecho a un ambiente sano y el adecuado manejo de los recursos naturales en
la región afectada por el sismo, las cuales se aseguran con la adopción de instrumentos
como los que se prevén en los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 350 de
1999, normas que así entendidas, no riñen con los postulados constitucionales, razones
por las cuales, serán declaradas exequibles. No obstante, respecto del artículo 38 66 , la
exequibilidad debe ser parcial, por las razones que se exponen a continuación. (…)
66 ARTICULO 38. Aparte entre corchetes {...} INEXEQUIBLE. En los casos de licencias ambientales de competencia
de las Corporaciones Autónomas Regionales, éstas deberán pronunciarse en un término máximo
de tres (3) meses, sin detrimento del ejercicio de los derechos y mecanismos de participación ciudadana
en materia ambiental. {Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva}.
238 Minería en Colombia