Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
La anterior afirmación tiene que ver con un planteamiento que toca el papel del Estado en el
sistema complejo de actividades mineras: los compromisos internacionales de Colombia frente
a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), de cara a la garantía colectiva del desarrollo
social, cultural y político de este país, obligan al Estado, conforme a un orden normativo
complejo denominado “bloque de constitucionalidad”, a dar eficacia al principio de igualdad
mediante la promoción y regulación de la actividad económica “en procura del cumplimiento de
sus fines sociales” (Cortés Zambrano, 2009).
Desde esta perspectiva, puede concluirse que la Constitución de 1991 no sólo prohíbe la apropiación
privada del subsuelo y de los recursos sino que supedita el carácter estatal del dominio
sobre los mismos a la obtención de beneficios reales y efectivos de carácter social. Ahora bien,
la explicación finalista – material del Estado no resuelve totalmente la falla de origen en el caso
colombiano: su condición de Nación sojuzgada e introducida violentamente a la modernidad. La
ductilidad del derecho constitucional, teoría que permite situar el Estado constitucional como
defensa de la democracia ante la crisis de la centralidad de la soberanía en la teoría internacional
de los Estados (Zagrebelsky, 2007), anularía las posibilidades de un Estado como el colombiano,
de aceptar el carácter relativo de su soberanía sin haberla alcanzado completamente.
La constatación de la relatividad o crisis de la soberanía nacional reconocida por Zagrebelsky (2007),
es aplicable a los Estados europeos que de hecho hipertrofiaron el ejercicio e imposición de su soberanía,
mediante la colonización de otros pueblos. Colonización que, vale la pena insistir, se encuentra
asociada a la explotación voraz e indiscriminada de recursos naturales renovables y no renovables
en las periferias conquistadas y sometidas a regímenes coloniales. De allí que pueda defenderse
una tesis, cuanto menos histórica, del dominio estatal en Colombia de los recursos mineros como
expresión híbrida entre soberanía (dominio eminente) y patrimonio (propiedad estatal).
Dominio público, soberanía y libre determinación sobre los recursos mineros
La soberanía en este caso, como dato que sustenta la tesis del dominio eminente, reafirma la
prerrogativa inter-nacional del Estado de disponer de su propio territorio en beneficio de los
intereses colectivos de su población, sin injerencia o presión de otros sujetos de derecho internacional,
es decir, de otros Estados o de empresas multinacionales.
Lo anterior se encontraría sustentado en el principio de derecho internacional de “soberanía
permanente sobre los recursos naturales”. Dicho principio surge a partir del reconocimiento internacional
del derecho a la auto-determinación de los pueblos entendida como norma de ius
cogens, y dentro de las respuestas jurídico-formales a las luchas por la des-colonización, se
fundamenta en que el derecho internacional ha suscrito, entre otros, las siguientes reglas (Cfr.
ONU, 1962, 1973):
1) La soberanía de los Estados sobre sus riquezas y recursos naturales es permanente y constituye
un elemento básico del derecho a la libre determinación;
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