Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
tivos del régimen de licencias ambientales en Colombia, para luego analizar en detalle tal instrumento
de gestión ambiental con énfasis en la minería y su alcance, lo que permitirá determinar si está
cumpliendo los fines para los cuales fue creada como instrumento de manejo y control ambiental.
En ese entendido y debido a que la mayor parte de las actividades sectoriales del país, requieren
para su desarrollo de la obtención previa de una licencia ambiental, este instrumento ha
adquirido la connotación de ser el de mayor importancia en el régimen normativo ambiental
colombiano, incluso por encima de instrumentos de carácter general como los Planes de Ordenamiento
y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (POMCA), Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) o la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), lo que no corresponde con la deontología del
régimen normativo existente.
De acuerdo con lo anterior, se debe señalar que si bien en Colombia desde el siglo XIX existen
disposiciones legales que regulan aspectos relacionados con los recursos naturales renovables
como el dominio de las aguas, las actividades de caza, etc. –como se señala en el Código Civil
de 1873–, nuestro país no fue ajeno al primer llamado que realizó la Organización de las Naciones
Unidas en la denominada Conferencia de Estocolomo de 1972, donde, entre otras cosas, se
advirtió sobre la necesidad de detener la contaminación; se evidenció el agotamiento de los recursos
naturales renovables y la necesidad de adoptar medidas para evitar dicha situación, producto
de lo cual se expidió la Ley 23 de 1973 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias
al Presidente de la República para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.
Con fundamento en dicha disposición, el gobierno nacional de la época expidió el Decreto ley
2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
(CNRNR)-, norma que regula, entre otras cosas, lo concerniente a la declaratoria de efecto
ambiental, antecedente de la actual licencia ambiental.
Señalaban los artículos 27, 28 y 29 del referido Código lo siguiente:
ARTICULO 27. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte realizar o
realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada
a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad.
ARTICULO 28. Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo
de cualquiera otra actividad que, por sus características, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio ecológico y ambiental
previo y, además, obtener licencia.
En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los de orden económico
y social, para determinar la incidencia que la ejecución de las obras mencionadas
pueda tener sobre la región.
ARTICULO 29. Cuando las referidas obras o actividades puedan tener efectos de carácter
internacional en los recursos naturales y demás elementos ambientales, deberá oírse el
concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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