Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Modelo centralista y excluyente
En la década del noventa y los primeros años del presente siglo se liquidaron las empresas estatales
que participaban en la explotación de los RNNR del país: Carbocol, Econíquel, IFI Concesión
Salinas, Procarbón, Cementos Boyacá, Colclinker, Cerromatoso, Ecocarbón, Mineralco,
Minercol, entre otras, pero curiosamente esa campaña de liquidaciones, privatizaciones y enajenación
de activos, etc., no se extendió de manera radical a Ecopetrol.
El Estado mantuvo su condición de propietario del subsuelo, pero en la práctica las reservas descubiertas
y explotadas fueron privatizadas a cambio de unas regalías que no compensan debidamente
su agotamiento, ni han generado la riqueza esperada para el país, ni han contribuido
al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones afectadas. Antes por el contrario, es
evidente el deterioro del bienestar en algunas regiones del país, donde la minería es la actividad
predominante, como se ha ilustrado en los diferentes estudios mineros publicados por la CGR 7 .
La Ley 685 de 2001 conlleva entre sus líneas un modelo centralista 8 y excluyente en cabeza del
gobierno central y propiamente del mismo ejecutivo nacional, comprometido con el desarrollo
de la minería a través de grandes enclaves, eliminando el Estado empresario y debilitándolo en
las tareas de control y fiscalización, blindándola frente a algunos mandatos de la Carta Política,
debilitando y subordinando a su servicio y de forma indebida la normativa ambiental, territorial,
étnica y tributaria, y que al reiterar a la minería como una actividad de Utilidad Pública e
Interés Social 9 –que se mantuvo pese al cambio radical en el modelo minero a partir del 2001–,
le confiere privilegios que han exacerbado conflictos sociales y territoriales 10 .
La informalidad e ilegalidad es la característica más importante de la minería en el país, según
las estadísticas del censo minero 11 , y se explican porque la política sectorial y su ejecución en
cabeza del Ministerio de Minas y Energía se orienta al desarrollo de grandes enclaves, dejando
de lado a otros rangos de la minería de profundo arraigo social y étnico. El fracaso de los programas
de legalización minera es el mejor indicador de la ineficacia e insuficiente voluntad para
formalizar una actividad dispersa a lo largo y ancho de la geografía nacional.
7 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal
para el caso de Colombia. En: Garay, L. J. et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio,
paradojas y conflictos. Vol.2. CGR. Bogotá.
8 El Ministerio de Minas y Energía ha delegado funciones a algunos departamentos, pero se trató de atribuciones
limitadas y muy enfocadas al control y fiscalización de la actividad.
9 Artículo 37 de la Ley 685 de 2001.
10 Un análisis de la Ley 685 de 2001 y en forma más detallada de los aspectos señalados, puede encontrarse
en el capítulo: Pardo, L. A. (2013). Propuestas para Recuperar la Gobernanza del Sector Minero Colombiano.
En: Garay, L. J. et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. CGR.
Bogotá.
11 Censo Minero Departamental Colombiano (2010-2011). Ministerio de Minas y Energía.
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