Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
la economía criminal como en su momento fue el narcotráfico, quienes no cumplen exigencias
normativas administrativas? ¿Puede afirmarse que todos los agentes que ejercen la minería, sin
título minero, ostentan la misma capacidad de ocasionar daño o una lesión a los bienes jurídicos
protegidos, especialmente quienes tienen reducido acceso a medios de producción?
Igualmente, el argumento no resulta coherente si se tienen en cuenta normas que contienen
distinciones en el ejercicio de la minería, como se verá más adelante, así como disposiciones de
legalización y formalización que reconocen históricamente la protección de diversas minerías.
Ahora bien, en cuanto a los destinatarios de la norma penal, debe clarificarse, desde el derecho
administrativo, las diversas formas de ejercicio de la minería 28 , los límites permitidos de intervención,
los diversos tipos y alcances del daño, los medios con capacidad de ocasionarlo, la eficacia y
cumplimiento de los fines del derecho penal, entre otros aspectos, y establecer, desde luego, en
qué momento se justifica la intervención del proceso penal, que debe ser la ultima ratio.
Sin duda, desde la institucionalidad deben formularse categorías o clases de minería, focalización y
criterios diferenciales, orientación de intervención estatal que permita desde la norma garantizar
los postulados constitucionales en el ejercicio de la minería, así como la prevención del daño, y la
penalización cuando sea del caso la persecución de quienes transgredan esos límites legales. Un estatuto
de la minería que permita a los operadores jurídicos, administrativos y judiciales, ejecutar una
política pública que contribuya a prevenir y subsanar las problemáticas sociales y medioambientales.
Sin embargo, para conseguirlo, el Estado debe realizar una evaluación profunda de la normatividad
existente, sus contradicciones y vacíos y reconstruir desde la política pública y el derecho,
la coherencia que actualmente se demanda. Realizar previamente desde la institucionalidad,
estudios serios, rigurosos y multidisciplinarios, que reflejen la realidad y problemática de las
minerías que coexisten en el territorio; de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en las mismas
falencias que presenta la actual normatividad.
Otro aspecto fundamental y sobre el cual también debe dirigirse el accionar institucional, se refiere
a los deberes correlativos que se imponen al Estado, como fomentar la educación ambiental,
la comprensión y concienciación del respeto del medio ambiente y los recursos naturales,
de todos los agentes que se vinculan con la minería. La pedagogía ambiental es responsabilidad
del Estado, dado que medidas drásticas y la utilización del derecho penal como primer instrumento,
no son suficientes para lograr un cambio de perspectiva.
Informe de ponencia negativa
El proyecto de ley fue estudiado por el Congreso de la República, que rindió informe de ponencia
negativa para primer debate 29 , en el que se exponen los reparos frente al mismo. Entre
28 Como se observara posteriormente las contradicciones normativas existentes en la conceptualización
de las diversas minerías.
29 El 3 de Diciembre de 2013, los representantes Carlos Germán Navas Talero y Hugo Orlando Velásquez
Jaramillo presentan informe de ponencia negativa en comunicación dirigida al Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
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