Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
El gobierno nacional desconoce la facultad constitucional con que cuentan los municipios de
reglamentar los usos del suelo y la defensa de su patrimonio ecológico con fundamento en
lo cual pueden adoptar las medidas necesarias que les permitan cumplir con dicho mandato
constitucional. Lo anterior, ha incidido en la ocurrencia de los conflictos ambientales, sociales,
culturales, económicos y desconoce los intereses del núcleo esencial del Estado, que en
el caso colombiano es el municipio.
Esta situación ha llevado a que municipios como Piedras en el Departamento del Tolima y
Tauramena en el Departamento de Casanare, hayan adelantado consultas populares mediante
las cuales los habitantes se han pronunciado en contra de la minería y de la explotación de
hidrocarburos, respectivamente.
Otro aspecto de suma importancia tiene que ver con la ausencia de lo que se entiende por área de
influencia directa e indirecta de los proyectos, de manera tal que en muchos casos los impactos negativos
que estos ocasionan no son previstos de manera integral ni gestionados adecuadamente.
A manera de ejemplo, surge la problemática que se ocasiona con la explotación de carbón que se
realiza en el centro del Cesar, debido a que el mineral es transportado por vía férrea y vehicular en
este departamento y el Magdalena y, de manera posterior, se acopia y carga en los puertos de Santa
Marta y Ciénaga, a cientos de kilómetros del sitio de explotación, sin que estas situaciones se contemplen
en las respectivas licencias ambientales. Es de la esencia de esta autorización, identificar y
establecer las medidas de manejo ambiental adecuadas para prevenir, mitigar, corregir y compensar
los impactos ambientales que ocasionen los proyectos, donde quiera que estos se presenten.
Así mismo, surge el interrogante sobre la forma como responderá el país frente a eventuales
requerimientos de la comunidad internacional al permitir el desarrollo de proyectos amparados
en licencias ambientales que están ocasionando daño a los recursos naturales renovables, y
que, por lo tanto, están en contravía de los compromisos adquiridos por Colombia en diferentes
tratados, convenios y protocolos internacionales, tales como el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, CITES, Convención Marco de Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Convenio sobre la
Desertificación, Maderas Tropicales.
Ante la evidente destrucción del entorno, que se ocasiona con el desarrollo de algunos proyectos
autorizados mediante licencias ambientales, surge un aspecto que adquiere un especial
interés, cual es la inexistencia de la definición y alcance de lo que se entiende por deterioro grave
–supuesto legal de las actividades que requieren licencia ambiental 58 – a fin de establecer el
límite entre impactos gestionables y daño ambiental antijurídico, esto es, el momento a partir
del cual el Estado es lesionado en su patrimonio natural.
El daño ambiental se encuentra definido en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, y al respecto
se indica: “Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas
o la renovabilidad de sus recursos y componentes”. Frente a esta situación surgen varios
interrogantes, a saber:
58 Artículo 49 de la Ley 99 de 1993.
Minería en Colombia
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