Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
En un estado de cosas de debilidad e insuficiencia de la institucionalidad estatal, las empresas
mineras presentan estudios y reportes periódicos que no son suficientemente analizados y
contrastados con otras fuentes, en principio primordialmente oficiales, por parte de las autoridades
minero-ambientales debido a su incapacidad técnica, (bien por evidente incapacidad o
porque esa incapacidad es connivente con el modelo), falta de información oficial y/o ausencia
de voluntad, que coadyuvan a que eventuales indicios o evidencias de contaminación ambiental
sean ignoradas o no reconocidos, llevando en la práctica a la configuración de pasivos ambientales
sin su consecuente cuantificación ni identificación de responsabilidades.
Ello resulta aún más grave en la medida en que el carácter difuso y perenne de los impactos hace aún
más difícil controlar la contaminación, en particular cuando es literalmente subterránea, y cuando
las autoridades quedan inermes por la insuficiencia de información oficial y por el riesgo moral de
sustentarse en una información que proviene fundamentalmente de agentes privados interesados.
No obstante, la responsabilidad no se encuentra únicamente en cabeza de las instituciones estatales,
sino también en las propias empresas que cometen imprecisiones al analizar su información
o que entregan información incompleta o incluso sesgada, lo cual exige invocar y aplicar
con rigor el carácter de garante de las empresas mineras, en particular las transnacionales que
no pueden alegar desconocimiento de los impactos previsibles de sus actividades.
Además, es importante recordar que, conforme al Código Penal actualmente vigente (artículo
25), quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado dañino y no lo llevare a cabo, estando
en posibilidad de hacerlo, es responsable de dicho daño. Dicho deber jurídico hace referencia
a la protección en concreto de un bien jurídico protegido mediante la posición de garantía inherente
a la vigilancia de una determinada fuente de riesgo.
Entre las situaciones constitutivas de posiciones de garantía contempladas en el artículo 25 del
Código Penal Colombiano, se cuentan dos en las que se ven inmersas las empresas mineras: 1)
cuando se asuma voluntariamente el control de una fuente de riesgo; y 2) cuando se emprenda
la realización de una actividad riesgosa.
La perpetuidad, en escala de tiempos humanos, de los daños ambientales causados por la minería
no ha sido tratada de manera rigurosa desde perspectivas oficiales y en este contexto o no
son debida y suficientemente reconocidos o al menos son evidentemente aminorados y hasta
ocultados, transfiriéndoseles las cargas ambientales a las siguientes generaciones.
Esta situación se agrava en modelos de extractivismo puro en los que más del 90% de los commodities
extraídos son exportados, mientras que grandes volúmenes de desechos tóxicos son
emplazados en diferentes lugares de los países productores 15 .
15 Se define el extractivismo como un caso particular de extracción de recursos naturales, caracterizado por
el manejo de grandes volúmenes orientado esencialmente a la exportación como materias primas o con un
procesamiento mínimo. Ver Gudynas, E. (2014). Conflictos y extractivismo. Revista en Ciencias Sociales.
38 Minería en Colombia