Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Capítulo 4
Propiedad sobre el subsuelo y los recursos mineros:
aportes comparativos para analizar el caso colombiano.
Fernando Vargas Valencia 1
“Nacimos, capitán, en una edad extraña en la que sólo nos es dado creer en lo imposible, pero buscando esas riquezas
fantásticas, todos terminamos convertidos en pobres fantasmas”
William Ospina (El País de la Canela)
Introducción
En Colombia, al tiempo que el artículo 332 de la Constitución Política es claro en afirmar que
“el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales”, el artículo 15 de la Ley 685 de
2011 establece que si bien el contrato de concesión minera no transfiere al beneficiario un derecho
de propiedad de los minerales in situ, sí le otorga el derecho a apropiárselos mediante su
extracción o captación y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para
el ejercicio eficiente de dichas actividades.
La contradicción contenida en la normatividad minera en relación con la norma constitucional (apropiación
privada de recursos establecidos como públicos en la Constitución) ha traído especiales debates
que han llegado incluso a cuestionar el alcance y pertinencia del atributo público o estatal de
la propiedad sobre el subsuelo y los recursos mineros 2 , con subsecuentes cuestionamientos sobre el
papel del Estado en la intervención en las actividades mineras, sobre la autonomía de los entes territoriales
y de las comunidades en relación con la aprobación de dichas actividades en sus territorios, y
sobre el alcance de la utilidad pública del “sector” minero de cara a derechos e intereses económicos,
culturales y sociales protegidos por el derecho constitucional, en especial los asociados con la propiedad
sobre el suelo o superficiaria que se encuentra desarrollada y garantizada por otras ramas del
1 Abogado especialista en Derechos Humanos y DIH de la Universidad Externado de Colombia, Magister
en sociología aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asesor jurídico del despacho del Vicecontralor
General de la República. El autor agradece al director Luis Jorge Garay por el direccionamiento
oportuno y contundente, y a los demás colegas del grupo, especialmente a Julio Fierro Morales, a Luis
Álvaro Pardo y a Rodrigo Negrete Montes, por sus amables aportes conceptuales. Igualmente, a Carolina
Dávila Díaz y a Luis Horacio Muñoz por los amenos y despreocupados diálogos sobre la ductilidad del
derecho constitucional colombiano.
2 Por ejemplo, algunos representantes de los gremios mineros, en especial del carbón, han propuesto
públicamente una reforma constitucional para establecer la propiedad privada sobre el subsuelo. Así,
por ejemplo, según información de prensa, el presidente del Sindicato Nacional Minero, Juan Pardo
Zamudio, propuso al Gobierno aprovechar la reforma constitucional para la paz “con el fin de volver a los
tiempos en que los colombianos eran dueños del suelo y del subsuelo”, por cuanto “el raigambre del problema
en la minería es precisamente el hecho que el Estado es dueño del subsuelo, condición inequitativa
y voraz que atenta contra la propiedad privada” (Cfr. Núñez, 2013).
Minería en Colombia
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