Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Desde la perspectiva del Estado liberal de derecho, los procesos de nacionalización se producen por
dos vías (Sarria, 1960): 1) la expropiación de los yacimientos en explotación y de todos los equipos
e instalaciones técnicas vinculados a ellos; y 2) la intervención estatal en la industria minera “con el
fin de racionalizar sus diferentes actividades, garantizando los suministros internos indispensables y su
total aprovechamiento para los poseedores legítimos de esa riqueza nacional” (p. 48).
En el ámbito de un sistema asociado a la primera vía, el Estado asume la organización y dirección
de empresas mediante la creación de organismos administrativos o establecimientos
públicos. En la segunda vía, se parte del supuesto según el cual, los recursos naturales no
renovables son de interés público y su explotación debe realizarse en beneficio de la colectividad,
de manera que las empresas involucradas en la explotación minera no podrían ser
exclusivamente de lucro sino de utilidad pública.
En conclusión, desde esta perspectiva de análisis puede afirmarse que el Estado es, en su calidad
de titular del dominio sobre el subsuelo o los recursos minerales o mineros, un garante de
su protección, y en ese orden de ideas, los administra en nombre de todos los y las asociadas
que pertenecen a él. Ello no quiere decir que en Colombia, por ejemplo, todas y todos los colombianos
sean potenciales propietarios privados del subsuelo o de sus recursos, sino que tienen
el derecho irreductible de participar en las utilidades de la producción minera, participación
que debe verse reflejada en la inversión social y en el mejoramiento de sus condiciones de vida,
sin obviar el carácter prioritario que tienen en dicho mejoramiento, las y los pobladores de los
territorios donde la intervención minera es enfática e intensiva.
Propiedad estatal y patrimonio nacional
Por su parte, la expresión patrimonial del dominio estatal sobre el subsuelo, yacimientos mineros
y minas, supone a éstos últimos como parte de los bienes y rentas del Estado y por ende,
como bienes públicos, sometidos a un régimen especial de imprescriptibilidad (imposibilidad de
ser apropiados por posesión prolongada en el tiempo), inembargabilidad (imposibilidad de ser
utilizados como garantía en obligaciones) e inalienabilidad (imposibilidad de ser comprados o
vendidos). Lo anterior significa, en principio, una reserva exclusiva de estos recursos en favor
del Estado (Corte Constitucional, 2002).
De esta manera, en el régimen constitucional colombiano, “la propiedad inmueble se desmiembra
en propiedad superficiaria y en subsuelo; al Estado pertenece éste último, así como los recursos
no renovables, se encuentren en la superficie o en el subsuelo”, con ello “se consagra en favor del
Estado una reserva expresa sobre los recursos no renovables” (Corte Constitucional, 1993). Conforme
a lo anterior, la existencia de un Estado propietario, lo erige en el ámbito constitucional
en un actor importante de la vida económica, cuyo rol consiste en estimular la generación de
riqueza a favor de la población nacional, y la utilización racional y sostenible de los recursos.
En estas condiciones, la propiedad estatal en la Constitución “no se identifica con la propiedad
privada” sino que materialmente se plantea como “un elemento fundamental del sistema social
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