Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
mediante el dispositivo jurídico de la publicatio, como se ve a continuación, conlleva la negación
de la propiedad pública, para evitar una posición privilegiada del Estado frente al particular
beneficiario de las concesiones mineras por cuanto éstas constituyen para Vergara Blanco
(2012) “derechos con amplias protecciones similares a la propiedad”, toda vez que “los derechos
que tiene un particular sobre las concesiones mineras se encuentran protegidos por la garantía
constitucional del derecho de propiedad” (Vergara Gutiérrez, 2012, p. 156).
La negación de la propiedad estatal es una negación de la negación que reduce y limita el alcance
del rol del Estado frente a la actividad minera por cuanto “el dominio del Estado sobre las
minas de sustancias minerales concesibles… es limitado, ya que el Estado, a través de la autoridad
administrativa del caso, no puede disponer en forma discrecional o arbitraria, no tiene los atributos
del dominio patrimonial, o sea no puede ejercer con libertad las facultades de uso, goce y
disposición, como si se tratara de un bien propio” (Vergara Gutiérrez, 2012, p. 155).
En efecto, la llamada publificación o publicatio minera presupone la exclusión de la riqueza minera
in situ del comercio por cuanto las minas no serían consideradas “un conjunto de bienes”
sino un “soporte de potestades”, es decir, de decisiones encaminadas a la obtención de los fines
que legitiman la intervención del Estado en relación con la riqueza minera.
Sin embargo, esta teoría, a pesar de su explícito rechazo al derecho civil, mediante el empleo
de conceptos de derecho público, es en el fondo un modelo de privatización del usufructo o explotación
de los recursos, especialmente reduccionista, por cuanto supone que el Estado cumple
solamente las funciones del modelo gendarme vinculado al liberalismo oligárquico, y sus
finalidades, en el ámbito minero, no tendrían ningún contenido social, sino el dejar hacer y el
dejar pasar del mercado minero, al que sí ingresan los recursos una vez extraídos de las minas,
mediante la garantía de un orden de seguridad jurídica para su apropiación o usufructo privado
en tanto la “riqueza mineral está destinada a un determinado fin: al alcance pleno de los particulares”
(Vergara Blanco, 2012, p. 35).
Este Estado gendarme de la actividad minera tendría como función casi única la de ejercer
una “prohibición preventiva” de apropiación de los recursos mineros para garantizar “que
los verdaderos titulares del derecho de explotación concurran a solicitar sus derechos de prioridad,
para concretarlo en un espacio físico determinado” (Vergara Blanco, 2012, p. 41). A
la manera de los peces del mar y de los ríos, estos “verdaderos titulares” son las empresas
particulares que llegan primero a “pescar” los recursos naturales no renovables, postura
que contribuiría a explicar el alcance del principio de “primero en el tiempo, primero en el
derecho” que en la legislación colombiana impera en materia de titulación y licenciamiento
minero (Cfr. Pardo Becerra, 2013). De allí que pueda decirse que este modelo des-naturaliza
el carácter no renovable y escaso de los recursos mineros, por cuanto aplica lógicas y
reglas que son características de los modelos de explotación de recursos renovables, como
son, precisamente, los peces.
De esta manera, el Estado no ejerce sus potestades sobre los recursos sino sobre la “actividad
minera”, cuya utilidad pública no se encuentra asociada al carácter público del recurso, sino al
284 Minería en Colombia