Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
de explotación sostenible” (Wade, 1987). Sin embargo, ha sido criticada aún desde vertientes
de la misma perspectiva teórica como la del “dilema del prisionero” y la de la “lógica de
la acción colectiva” de Olson (1971), en razón a la inefectividad de normas restrictivas de
acceso cuando, por ejemplo, hay un elevado número de usuarios, o cuando no hay fronteras
delimitadas sobre la existencia de recursos comunales, o cuando hay mayor facilidad de
violar las normas sin debida y oportuna sanción.
Y con el agravante de que las falencias de la acción colectiva se acentúan aún más en el caso de
recursos comunales no renovables por el propio carácter agotable del recurso y por la imprevisibilidad
de algunos impactos de la explotación sobre los sub-sistemas ecológico y social.
Por lo anterior, resulta claro que para la gestión social de la resiliencia en el caso de un
sistema socio-ecológico (en torno a RNNR, por ejemplo) resulta ineludible determinado
grado de intervención del Estado bajo principios de justicia socio-ecológica (en asuntos de
derechos constitucionales, comportamientos y conductas/corresponsabilidad/equidad/
participación social) en el marco de una normatividad/institucionalidad que coadyuve a su
eficacia en una perspectiva íntertemporal. He aquí el papel clave de la institucionalidad en
la gestión social y la gobernanza.
Gobernanza adaptativa
Independientemente de que los RN y especialmente los RNNR deban ser considerados bienes
comunales sino más bien públicos o cuasi-públicos, lo cierto es que el mencionado dilema de
la “tragedia de los comunales” ilustra con claridad por qué la gestión de un sistema complejo
como un SSE requiere de una cierta institucionalidad robusta (normas, reglas de juego, fiscalización
y participación de agentes sociales) para garantizar en una perspectiva perdurable su
resiliencia, la resolución de conflictos de intereses entre agentes y grupos sociales alrededor de
la explotación de su riqueza natural y, al fin de cuentas, la equidad intra- e inter-generacional
y el bienestar de la sociedad en el cual está inmerso el propio SSE.
Sin duda alguna, agente determinante clave en la conformación e implantación de dicha institucionalidad
es el Estado mismo, tanto por el carácter del bien como por la naturaleza del
sistema complejo, que imponen su intervención como agente encargado por excelencia de velar
por la plena vigencia del Estado de Derecho, la observancia de los derechos constitucionales y
la propia democracia. Ello, obviamente, sin demeritar, de manera alguna, el crucial papel de los
agentes y grupos sociales, públicos y privados, en la gestión del sistema. Aquí reside la relevancia
del estudio de las condiciones requeridas para asegurar una adecuada gobernanza de un
sistema complejo como un SSE en el marco de una Estado democrático de derecho.
Es claro, entonces, que la gestión de la resiliencia (en sentido estrictamente dinámico como se
mencionó previamente) de un SSE depende en gran medida del sub-sistema social, especialmente
del conjunto de instituciones, normas y procedimientos que se adopte para gobernar las relaciones
entre agentes, recursos, activos de los sub-sistemas social y ecológico como un conjunto sistémico
(Garay, 2013). Ahí reside la condición de gobernanza del sistema complejo como un todo.
Minería en Colombia
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