Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Como se verá más adelante, la Evaluación del Impacto Ambiental (EvIA) en Colombia se adoptó
como instrumento de gestión con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente 10 , mediante la denominada Declaración de Efecto Ambiental 11 . Lo
mencionado, implica que desde 1974 la gestión de los efectos derivados de la actividad antrópica,
identificados como potencialmente nocivos, se han venido tratando mediante instrumentos
de similares características, a fin de prevenir, mitigar, manejar y corregir los impactos negativos.
Conforme lo anterior, se identifica la intención del gobierno nacional de la época para conciliar
la necesidad de desarrollo con la conservación de un cierto status quo del entorno. Pero aún
más, se deja de presente que lo ambiental es objeto de consideración moral de la sociedad colombiana,
lo que fue reconocido con los derechos, garantías y obligaciones consagrados en la
Constitución de 1991, y desarrollada profusamente en la ley como se pasa a explicar.
En la Carta Política se contempla el diseño del Estado y sus elementos estructurantes, dentro de
los cuales la prevalencia del interés general y los derechos juegan un papel central en la aplicación
de los postulados constitucionales en la cotidianidad colombiana. Por tal razón, frente a la
política pública ambiental y económica del país es necesario ponderar los valores filosóficos que
alimentan las bases del Estado y que entran en conflicto, a fin de honrar el espíritu del constituyente
primario plasmado en la Constitución de 1991.
Específicamente, el licenciamiento ambiental es una fuente de tensiones entre la necesidad de
adelantar proyectos de impactos considerables al ambiente -derecho a la propiedad, libertad
de empresa, desarrollo económico, etc.- y los deberes de protección al derecho fundamental a
gozar de un ambiente sano, la planificación para el aprovechamiento de los recursos naturales y
el deber de cuidado del patrimonio natural en cabeza de los asociados y del Estado.
Dicha tensión es más evidente en el alcance que actualmente se le da a la licencia ambiental
de proyectos mineros que no obstante ocasionar graves afectaciones al ambiente, son considerados
como de utilidad pública e interés social 12 , y que, por lo mismo, revisten una especial
dificultad a la hora de conciliar las necesidades de protección del ambiente y los beneficios
económicos nacionales que reportan.
10 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1974/decreto_2811_1974.html
11 Decreto ley 2811 de 1974.Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte realizar o
realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada a declarar
el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad.
12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202. Ley 685 de 2001 Artículo 13
“Utilidad pública. En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárase de utilidad pública
e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, a
solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la
propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios
para su ejercicio y eficiente desarrollo.
La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes adquiridos, construidos
o destinados por los beneficiarios de un título minero, para su exploración o explotación o para el
ejercicio de sus correspondientes servidumbres”.
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