Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
el español o el francés en América, las Antillas y África), tiene orígenes históricos en las monarquías
absolutas en las que “el soberano encuentra en los recursos minerales una fuente de ingresos
fiscales y una posibilidad de acrecentar su poderío” (Aramburo, 1984, p. 50). Una evolución
del modelo permite asociar el dominio estatal sobre el subsuelo al llamado “dominio eminente”
del Estado que, como se abordará más adelante, presupone la facultad estatal de decidir cómo
explotar los recursos y a quiénes autorizar o conceder dicha explotación.
El dominio eminente, en principio, tiene como premisa mayor el ejercicio legítimo de la soberanía
estatal en relación con el aprovechamiento de los recursos, y no se asociaría con la
propiedad en sentido estricto. Sin embargo, la tesis del dominio eminente fue trascendida a
una tesis de dominio patrimonial que presupone al Estado, entendido como un ente dotado de
personalidad jurídica, propietario de los recursos asociados al subsuelo.
Lo anterior implica la incorporación de las minas al patrimonio público en tanto capital natural
público no renovable. Patrimonio que, ante todo, se encuentra afectado al cumplimiento de los
fines del Estado, especialmente los referentes al servicio a la comunidad, la promoción de la
prosperidad general y la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales
y el mantenimiento de la integridad territorial. Esta evolución del concepto, implica,
por un lado, la superación del modelo monárquico absolutista, en un primer momento, y las
transformaciones en el concepto de soberanía inherentes al surgimiento del llamado Estado
constitucional (Zagrebelsky, 2007), en un momento ulterior.
El sistema descrito supone que la exploración y explotación de yacimientos minerales constituyen
actividades de utilidad pública que generan la obligación de pagar al soberano la regalía.
En este caso, los particulares obtienen, mediante la concesión, una facultad de explotar los recursos
susceptibles de extracción, de manera que el mineral no extraído o yacente sigue perteneciendo
al Estado. Si bien se trata de un sistema estrechamente relacionado con la monarquía
absoluta, autores como Sarria (1960) indican que, en un régimen democrático, se explica por
“el control e intervención que el Estado debe tener en la explotación, distribución y aprovechamiento
de las riquezas naturales, en beneficio de toda la comunidad” (p. 29).
Como se argumenta en los apartes finales del presente capítulo, resulta importante aclarar que
el Estado al que se hace referencia actualmente es al de carácter constitucional y democrático,
que si bien teóricamente supone un ente unitario y unívoco, se desarrolla en medio de tensiones
básicas como, en primer lugar, la diferenciación de niveles de decisión y autonomía relativa
de otras entidades diferentes al gobierno central, especialmente las de carácter territorial y
local y, en segundo lugar, la presencia de conflictos entre dichos niveles que el derecho constitucional
previene o aborda a través de estrategias de reafirmación de lo democrático y de la autonomía
relativa de las esferas locales a través de la salvaguarda de la población, tanto nacional
como local, que finalmente explica el conocido principio de rigor subsidiario en las relaciones
entre el Estado central y los entes públicos descentralizados.
En este caso, la soberanía ya no es entendida como un atributo central del Estado moderno, sino
como una expresión cuyo titular es el conjunto de las y los asociados (soberanía popular, más
Minería en Colombia
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