Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística.
Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables a partir
de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales. De manera
similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza
normativa sino de grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en
que ganan generalidad aumentan su espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad
para iluminar el caso concreto.
Adicionalmente, en el análisis de constitucionalidad del Código Nacional de Recursos Naturales
y de Protección al Medio Ambiente, el Alto Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia C-126
de 1998, manifestó:
En efecto, los principios constitucionales, a pesar de tener una forma de interpretación
y aplicación diversa a las reglas, pues están sujetos a un ejercicio de ponderación, no
por ello dejan de ser normas constitucionales, por lo cual deben ser respetados por la
ley. Por ende, una disposición legal incompatible con un principio constitucional debe
ser declarada inexequible, en caso de que no admita una interpretación conforme a la
Carta. Esta Corporación ha señalado que la fuerza normativa de los principios y valores
constitucionales es tan clara que incluso habría que retirar del ordenamiento aquellas
disposiciones que vulneran el Preámbulo, ya que éste forma parte de la Carta y “goza de
poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda
norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera
de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.
En los asuntos minero-ambientales se presentan tensiones, particularmente entre dos principios
constitucionales: Estado social de derecho y prevalencia del interés general 24 . Al respecto,
debe señalarse que el modelo de Estado establecido en la Carta Política no contempló
jerarquía alguna entre principios, razón por la cual es el intérprete autorizado el que debe
realizar un ejercicio de ponderación para resolver los conflictos a fin de que el diseño constitucional
se mantenga incólume.
Frente al contenido conceptual y el alcance jurídico del interés general, debe señalarse que éste
obedece a la búsqueda de la maximización del bienestar de los habitantes. Ahora bien, este
concepto no puede verse aislado del hecho de que la sociedad es la suma de individualidades y,
por lo mismo, debe tenerse en cuenta al individuo, especialmente al que haga parte de minorías,
según lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-244 de 2012:
En definitiva, el interés general no es un principio que pueda aplicarse en abstracto o en
virtud de la visión que se tenga del desarrollo y del progreso, sino que debe tener en cuenta
“al otro”. En virtud de lo anterior, la tensión entre el interés general y el interés par-
24 Este en el entendido de lo previsto en el artículo 13 del Código de Minas. http://www.secretariasenado.
gov.co/senado/ basedoc/ley_0685_2001.html
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