Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
En materia sancionatoria ambiental, el proyecto propone incluir la medida especial de destrucción
de maquinaria pesada utilizada en actividades de explotación de minerales sin licencia
ambiental o su equivalente, como última opción cuando de su uso se derive o pueda derivarse
daño o inminente riesgo de daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente,
al paisaje o la salud humana, siempre y cuando la situación de seguridad, características o
ubicación de la maquinaria no permitan la adopción de otra medida.
Prevé, además, la modificación a la Ley 1333 de 2009: incluir como autoridad sancionatoria
ambiental a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), otorgar facultades de autoridad
ambiental a prevención a la Policía Nacional, incluir la medida especial de destrucción de
maquinaria pesada que procedería de manera independiente al proceso sancionatorio ambiental,
establecer la sanción de incautación temporal y definitiva para las cantidades de sustancias
químicas que sobrepasen los topes establecidos en la reglamentación del gobierno nacional.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Defensa, la minería protegida gubernamentalmente
es la ejercida de forma responsable, que se ajusta a estándares ambientales y armoniza
con las políticas públicas existentes, mientras que la minería ilegal o ilícita (dado que en el proyecto
no se las distingue) suministra importantes recursos a los grupos armados terroristas que
amenazan la institucionalidad, afectan el ambiente, por lo que debe ser objeto de una drástica
persecución estatal, a través de acciones como las previstas en este proyecto de ley.
Existen desde la óptica del Ministerio de Defensa, dos tipos de minería: una legal, protegida
por el Estado, que no ocasiona daños ambientales porque respeta estándares y no suministra
recursos a los grupos ilegales; y otra que atenta gravemente a la institucionalidad, deteriora
los recursos naturales y suministra cuantiosos recursos a grupos terroristas, y es la denominada:
“minería: ilegal, ilícita”, la cual debe perseguirse.
Sin embargo, ese argumento presenta debilidades, dado que no puede suponerse a priori que
el cumplimiento de requisitos legales para su ejercicio, per se, implique la protección ambiental
y el acatamiento de los fines de la política pública, como tampoco que su desconocimiento
implique la provisión de cuantiosos recursos a grupos terroristas.
Esta dicotomía, evidencia la existencia desde la propuesta legislativa, de dos polos opuestos:
“lo admisible y lo reprochable”, que no reconoce la existencia de un ejercicio diverso de la minería,
ni la generación de daño ambiental que con su actividad se ocasione. Lo que se traduce
normativamente en que el proceso penal fija su atención en quienes ejercen esa minería: “ilegal,
ilícita”, sin contemplar quienes ocasionan daño al medio ambiente y los recursos naturales,
independientemente del tipo de minería que ejerzan.
Luego no es comprensible que la modificación normativa obedezca, en buena parte, a que la minería
“ilegal, ilícita” genera importantes recursos que sostienen grupos ilegales: ¿Qué tiene que
ver ello con los bienes jurídicamente protegidos: recursos naturales y medio ambiente?, ¿Quiénes
deben ser seleccionados por el proceso penal: los que ocasionan daño al medio ambiente y/o
los que no cumplen requisitos legales administrativos?, ¿Son responsables del sostenimiento de
Minería en Colombia
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