Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
general que ordena la Corte en virtud de la afectación que padecen los tutelantes, pero que
evidentemente se presenta en las demás explotaciones de carbón a gran escala a cielo abierto.
Esto pone de presente la ineficacia de las políticas públicas, las normas, los instrumentos
existentes en la materia, así como la gestión a cargo de las autoridades ambientales y de las
acciones de prevención, mitigación y corrección y compensación a cargo de los explotadores
mineros a gran escala del citado mineral.
Ante la ineficiencia de las medidas adoptadas en la licencia ambiental, la Corte ordena a Drummond
Ltd., que en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de
la sentencia, instale maquinaria de última generación técnica, al igual que amortiguadores,
lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y
la dispersión, y además que incluya en su plan de manejo ambiental, en derredor de las zonas
de explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación de barreras vivas que coadyuven
a erradicar el daño generado por la explotación carbonífera; es decir, que para el Alto
tribunal no son suficientes las medidas existentes y se debe ir más allá para garantizar los derechos
fundamentales tutelados.
Licencia social
Uno de los aspectos más deshonrados en el proceso de licenciamiento ambiental es el relacionado
con el contexto social que puede ser afectado con los proyectos extractivos, evidenciado en
la debilidad de estudios antropológicos y comunitarios, así como por la ausencia de expresión
de la voluntad de las personas afectadas por los proyectos mineros.
En materia de licenciamiento ambiental se evidencia un fuerte avasallamiento del poder ejecutivo
sobre el legislativo, al punto de gubernamentalizar la política ambiental del Estado, mediante
la profusa expedición de decretos y resoluciones reglamentarias que distan de contener
una interpretación constitucionalmente equilibrada, y que solo responde a los intereses económicos
del gobierno de turno. Ejemplo de ello es el deterioro del espíritu normativo de la licencia
ambiental y su contenido social, establecida en la Ley 99 de 1993.
Así, los aspectos culturales, religiosos, de producción, demográficos, infraestructura, etc., son
superficialmente expuestos en los Estudios de Impacto Ambiental, y casi ignorados por las autoridades
ambientales en la Evaluación del Impacto Ambiental en la toma de decisiones y en las
etapas posteriores de seguimiento y control.
De hecho, en el artículo 21 del Decreto 2820 de 2010 se dispone que en el Estudio de Impacto
Ambiental se deberá incluir “2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios
abiótico, biótico y socioeconómico”, “6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos
del proyecto” y “8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico,
biótico y socioeconómico”. En el artículo 15 de la misma norma se establece que la participación de
las comunidades consiste en que se informe “a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis
en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto
Minería en Colombia
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