Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Además, la Ley del Plan establece la protección del desarrollo de actividades mineras u otras
actividades que les permitan a estas personas una vida digna. Acerca del alcance que tiene el
principio de dignidad humana, el Alto Tribunal afirma:
“… La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano
es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como
elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio
para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la
persona es “un fin en sí misma”… Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución,
descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales,
todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en
el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico…
Ese concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún
derecho de los que la Constitución califica de fundamentales -intrínsecos a la personasi
a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las
que la naturaleza le señale en cuanto ser humano.” 45 (Negrilla y subrayado nuestros).
Ambos derechos fundamentales: el mínimo vital y la vida digna, amparan la subsistencia a
partir de una adecuada retribución salarial, dado que así se garantizan otros derechos como
son la vida, salud, trabajo y seguridad social. En este caso, la norma se refiere específicamente
a la minería informal y a las actividades mineras derivadas de la misma.
Contrasta esta perspectiva constitucional con el artículo precedente, el 106 de la Ley 1450 de
2011, que, a partir de la expedición de la misma, prohíbe en todo el territorio nacional la utilización
de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos indiscriminadamente
en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional 46 .
Dispone, así mismo, que el incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal
correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, da lugar al decomiso de
dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente.
Así mismo, ordena drásticas sanciones, indicando que su incumplimiento, además de la acción
penal, provoca el decomiso de dichos bienes e imposición de una multa. También establece
medidas de control a la comercialización de minerales: los compradores y comercializadores
de minerales sólo podrán adquirir estos productos a los explotadores y comercializadores
mineros registrados. El decomiso del mineral no acreditado genera la imposición de multas y
enajenación de los bienes decomisados cuyo producido debe destinarse a programas de erradicación
de explotación ilícita de minerales.
45 Sentencia T-1430 de 2000 (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de
octubre de 1998).
46 Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, artículo 106.
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