TIEMPOS

Tiempos para pensar derechos humanos y seguridad ciudadana
como Amnistía Internacional o HRW. Ésta última caracterizó, en junio
del 2014, al gobierno de Venezuela como un violador sistemático de los
Derechos Humanos que “aplica rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes
que no estaban armados e incluso contra transeúntes” (el destacado es
nuestro) (Últimas Noticias, 2014).
Este corto ejemplo ilustra el doble rasero de la llamada comunidad
internacional en materia de Derechos Humanos. Un gobierno puede
ser considerado simplemente incapaz de cumplir su responsabilidad,
como ocurre en el caso de México que “no ha podido encontrar a los
normalistas”. Otros, como el gobierno de Venezuela, son acusados de
vulnerar sostenidamente los Derechos Humanos. Este discurso, que se
origina en los centros de poder político y económico, es legitimado por
instancias oficiales internacionales y luego reproducido hasta la saciedad
por las corporaciones mediáticas y las redes sociales, que apelan a prácticas
como la descontextualización, la omisión de información, la difusión de
información no verificada, la magnificación y la presentación de falsas
evidencias (como las fotografías de conflictos ocurridos en otros países,
por ejemplo).
sobre el derecho a la manifestación pacífica
La mayoría de los informes nacionales e internacionales sobre los
sucesos de este año omiten no sólo la intencionalidad política que animó
las protestas, sino también el carácter violento de muchas de ellas. Así,
se describen las guarimbas como “Interrupción de una vía de circulación
mediante la colocación de objetos contundentes” (Provea, 2014, p. 16),
cuando los hechos demostraron que constituyeron focos de violencia
organizada. Recordemos que al menos dos personas murieron a consecuencia
de las acciones de preparación y activación de las guarimbas (una
al accionar un mortero y otra al electrocutarse tratando de atravesar un
cable de alta tensión).
Las protestas violentas, además, afectaron los Derechos Humanos de
miles de personas que durante semanas no pudieron salir de sus casas a
hacer sus compras (derecho a la alimentación), a llevar a sus niños y niñas
a la escuela (derecho a la educación), a atenderse en un centro de salud
(derecho a la salud) o a asistir a sus labores profesionales (derecho al libre
tránsito y derecho al trabajo).
Mención aparte merecen las agresiones de las que fueron objeto tanto
funcionarios como infraestructura de instituciones del Estado. El caso
más emblemático fue el de los 89 niños y niñas, cuyas vidas corrieron
enorme peligro cuando manifestantes opositores incendiaron intencionalmente
la sede de un preescolar, en el edificio del Ministerio de la
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