TIEMPOS

haydée ochoa henríquez
las políticas públicas del gobierno bolivariano
Desde fines de la década de 1990, en el marco de más de 10 años de
esfuerzos del Estado por avanzar en la ruta neoliberal, el gobierno
de Chávez impulsa políticas públicas en casi todas las dimensiones con
características contrahegemónicas al capital que han permitido avanzar
en la justicia social.
Muchas de las nuevas políticas públicas han puesto restricciones
directas a la lógica de la acumulación del capital privado, algunas se
encuentran en la carta magna, pero muy especialmente se han venido
definiendo con la aprobación de leyes en el marco de la nueva
Constitución, son políticas que afectan directamente la acumulación de
capital. Un ejemplo lo constituye la Ley de Hidrocarburos; una de las 49
leyes aprobadas en 2001, la cual según Edgardo Lander (2004) reafirma
“la propiedad de la república sobre todos los yacimientos de hidrocarburos”,
establece, contra la lógica trasnacional, el control de la estatal
petrolera y prioriza “la formación de capital y capacidades nacionales en
el área de hidrocarburos”. Según Lander, varias de las leyes aprobadas
en 2001 “fueron catalogadas por el empresariado y por la oposición política
como un atentado a la propiedad privada, argumentando muchos que con
ello se confirmaba el carácter estatista o comunista del proyecto político
del gobierno”.
A lo largo del proceso de transformación aplicado desde 1999, se
ha avanzado en políticas públicas que lesionan directamente el capital
privado; otro ejemplo relevante lo constituyen las nacionalizaciones de
numerosas empresas con propósitos de soberanía. La nacionalización
de la estatal telefónica y eléctrica son ejemplos de estas políticas que
impactan directamente la lógica del capital privado. Otras políticas, además
de poner restricción a la lógica del capital privado, potencian nuevas
relaciones de producción. Al comienzo del proceso de transformación, en
2001, cuando aún no se hablaba de socialismo como parte de las 49 leyes,
se aprueban la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Tierras. La primera,
nos dice Lander (2004, p. 9) que prioriza el mercado nacional, protege los
asentamientos y comunidades de pescadores artesanales y busca mejorar
la calidad de vida de los pescadores a pequeña escala; restringe la pesca
industrial y reserva “a los pescadores artesanales tradicionales una amplia
gama de actividades de explotación de los recursos pesqueros”.
Estamos así frente a políticas públicas que, además de restringir la
lógica del capital privado, potencian relaciones de producción que privilegian
el trabajo, la calidad de vida y el uso de medios de producción en
manos de pequeños propietarios.
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