TIEMPOS

neyda peña
vecinos. Pero esa no es la única amenaza que menoscaba la seguridad. Sus
intervenciones reflejan gran desconfianza en los cuerpos de seguridad
del Estado a los que perciben deslegitimados y piden, paradójicamente
a la vez, su presencia e intervención en la comunidad. Cualquier política
de seguridad tiene que incidir inmediatamente en el control de dichos
cuerpos y su encauzamiento progresivo en cánones de efectividad y cumplimiento
de las leyes que los rigen. Precisamente su mal funcionamiento
y corrupción constituyen el obstáculo más serio para una política
de seguridad y está contribuyendo a aumentar el uso de armas con fines
defensivo. Es también un obstáculo importante para el desarme
voluntario porque la suspicacia y desconfianza en sus métodos hace
que se exijan muchas garantías para su realización.
Las altas tasas delictivas, el abuso y corrupción policial están afectando
seriamente los derechos de las personas que habitan en esas comunidades,
manteniéndolas en un estado de inquietud y zozobra que las ha hecho
modificar sus hábitos y restringir el uso de los espacios públicos. Se ha
generado una cultura de miedo que impide o dificulta la articulación y
movilización comunitaria para cualquier programa de seguridad, especialmente
el de desarme, dado el temor a represalias por parte de sujetos
y/o grupos armados. Quienes ejercen control sobre distintos sectores de
la comunidad, fungiendo de protectores y parecen haber estructurado
con las comunidades pactos implícitos que implican un silencio cómplice
que los propios participantes llaman “alcahuetería”. Sin embargo, los
habitantes siguen expuestos a enfrentamientos con grupos armados de
otros sectores y a inestabilidad en el control interno del propio, dada la
fragilidad del poder de su “protector o protectores”.
No hubo propuestas claras y delimitadas sobre la realización de una
jornada voluntaria de desarme en las comunidades consultadas. Hay
cierto escepticismo sobre su viabilidad. Sin embargo, los participantes se
sienten comprometidos con sus vecinos y con sus organizaciones, pero
condicionan el éxito de la propuesta a una serie de requisitos, entre los
cuales está la reducción de la inseguridad tanto general como al momento
del canje. Esta última resulta fácil de cubrir implementando el carácter
anónimo de la entrega. En cambio, la seguridad ciudadana implica
actuación de varias instituciones. La pronta y visible manifestación de
algunos resultados seguramente favorecerá mayor receptividad.
El desarme voluntario se visualiza como un proceso a largo plazo
en el que debe ampliarse la participación a toda la comunidad; realizar
consultas en todos los sectores especialmente los jóvenes, involucrando
a las familias. Los grupos solicitaron expresamente que se continuara el
trabajo iniciado con esta investigación. Para la activación organizacional
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