TIEMPOS

mila ivanovic
expuesto a críticas ya que no pudo mermar las olas de violencia en los
sectores populares.
Considero que observar los cruces que emergen entre los dos niveles
de elaboración de las políticas (movimientos sociales integrados a una
política estatal) puede constituir nuevos aportes al estudio de la seguridad
ciudadana, a la vez que permite acercarnos a una genealogía del nuevo
espíritu controlador vigente en posturas estatistas progresistas.
venezuela: un proceso inacabado
de fortalecimiento institucional
En Venezuela, país donde los indicadores de violencia alcanzan niveles
rojos, existen dos tipos de aproximación al uso de la fuerza legítima.
En el modelo represor/reactivo y signado por una cultura de la
violencia policial, el Estado privilegia una política de “mano dura”, con
población blanco o sospechosa. Esta postura no es nueva si se miran
las políticas implementadas en las últimas décadas (“Disparen primero
y averigüen después” de Rómulo Betancourt, en los primeros años de
la democracia venezolana; Ley de vagos y maleantes entre 1939 y 1997;
el Plan Unión de 1981). Estos episodios dan muestra de la incapacidad
por parte del Estado de implementar políticas de carácter no-autoritario.
El cambio de régimen político, y una atención a la cuestión social con el
establecimiento de la revolución bolivariana, no detiene esa orientación.
Lo revela el episodio controvertido de los “predelincuentes”, expresión
usada en el año 2000 por el Viceministro de Seguridad Ciudadana,
quien afirmó que las fuerzas policiales habían ajusticiado a dos mil “predelincuentes”.
En 2008, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana consistió en
desplegar dos mil agentes policiales en las calles de Caracas. Paralelamente
a esos intentos infructuosos de llevar políticas alternativas en el ámbito
de la seguridad, siguen métodos como los Madrugonazos al Hampa
(operados por la policía judicial) con las redadas y su lote de injusticias.
En 2011, arrancan también el Plan Dibise y el Plan Patria Segura, ambos
diseñados para contener y reducir la mortalidad homicida en la capital
y llevado a cabo por los cuerpos policial y militar.
Frente a ese modelo represor/reactivo aparece un modelo disuasivo/
proactivo con el servicio comunal de la PNB que se implementó a partir
de 2011 en tres parroquias de la ciudad. Busca generar relaciones duraderas
con las organizaciones sociales y los habitantes. Funcionan en
patrullas o en recorridos a pie y participan en reuniones comunitarias.
Se le agregó un contenido participativo con la implementación de los
Comités Ciudadanos de Control Policial.
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