TIEMPOS

juan carlos loreto
En consecuencia, la gestión social demanda de un régimen
de implementación que regule la actividad que le es propia, que ha de
expresarse en un ordenamiento político, que institucionalice valores para
la toma de decisión de lo público; y un ordenamiento organizativo que
consolide los valores políticos. El primero se caracteriza en principios
potenciales que orientan la toma de decisión. El segundo en un sistema
de reglas, normas y procedimientos que rige la interacción de los participantes
con el fin de dar cumplimiento a alguna decisión.
Este régimen de implementación se expresa en tres dimensiones. La
funcional: competencias y funciones de cada uno de los niveles jurisdiccionales
y la política de descentralización; la material: mecanismos
mediante los cuales el Estado nacional redistribuye el excedente no sólo
a través de la política tributaria, sino también en relación a cómo se asigna
la inversión social; y política: niveles de autonomía de los actores, a las
reglas de juego que regulan las relaciones intergubernamentales, a la capacidad
de representación, a las exigencias de capacidades puestas en
juego desde los cambios funcionales. Es relativo a qué pueden hacer los
actores, cuánto y cómo (Oscar Oszlak, 1997).
gestión social desde el horizonte histórico de
la democracia participativa y protagónica en venezuela
La gestión social como proceso está mediada por el modelo de política
social establecido en un país. Ante esta relación condicionante, la interrogante
que se presenta es ¿qué modelo de política social corresponde
al horizonte histórico de la democracia participativa y protagónica de la
Venezuela actual?
Ante esta problematización es oportuno destacar que la Constitución
nacional asume la concepción del Estado Social, el cual se denomina
Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. La actuación del
Estado se orienta: a) a constituir una ciudadanía con alto sentido y conciencia
de sujeto social; b) a la consecución de la equidad como fin del
ordenamiento económico y social; y c) a la valoración de lo público como
espacio para el ejercicio de una verdadera democracia.
El modelo de la política social que se desprende del marco constitucional
(ordenamiento político) es el denominado por algunos expertos
como: universal equitativo-democratizador, en el cual la política social
converge con la política económica en la satisfacción de necesidades
sociales. Desde este horizonte histórico, la política social es un derecho
no sólo de acceso a bienes y servicios para satisfacer aspectos materiales
y/o espirituales inherentes a la existencia humana, sino también de habilitación
de condiciones políticas, económicas y sociales que permitan el
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