TIEMPOS

Tiempos para pensar modelo productivo y alternativas al desarrollo
Tradicionalmente el Estado ha asumido la gestión y administración de
dichos bienes. Esta administración bien puede explicarse jurídicamente
de conformidad con la llamada teoría clásica sobre el dominio público, ya
mencionada, sostenida en Francia, la cual como ya se ha señalado se fundamenta
en el hecho de considerar que los bienes del dominio público
por su naturaleza no pueden ser apropiados por personas naturales o
jurídicas incluido el Estado.
Ahora bien, la propiedad social es aquella de titularidad y patrimonio
de toda la sociedad o conjunto de ciudadanos que conforman a la nación
venezolana; garantizan la seguridad y beneficio de la población en su
conjunto y abarcan todo aquellos bienes que tienen un contenido permanente
o no, pero que en cuya tutela y protección todos los integrantes
del Estado tienen la obligación de proteger y custodiar conjuntamente
con las distintas entidades político-territoriales que conforman al Estado
venezolano. Este tipo de propiedad recae sobre bienes pertenecientes al
dominio público, afectados a un uso público, entendida esta propiedad
como el conjunto de bienes de propiedad pública afectados al uso
público, directo o indirecto, de los habitantes y sometido a un régimen
jurídico especial de Derecho Público.
En el artículo 5, numeral 6º, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
la Ley Para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios, y Otras
Atribuciones (2014) se define a la propiedad social como:
El derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción o
entidades con posibilidades de convertirse en tales, esenciales para una vida plena
o la producción de obras, bienes o servicios, que por condición o naturaleza propia
son del dominio del Estado; bien sea por su condición estratégica para la soberanía
y el desarrollo humano integral nacional, o porque su aprovechamiento garantiza el
bienestar general, la satisfacción de las necesidades humanas, el desarrollo humano
integral y el logro de la suprema felicidad social (p. 9).
En este sentido, el Poder Popular, ejercido por las comunidades organizadas,
se le reconoce la potestad de ejercer la administración, gestión,
custodia y control sobre un conjunto de bienes, considerados como de
propiedad pública, todo a los fines de consolidar las bases del socialismo
y democratizar de esta manera la propiedad sobre bienes y recursos
reiterando con ello que los Estados y sus pueblos tienen un derecho
soberano sobre sus recursos naturales.
En este sentido, el régimen socioeconómico de la República Bolivariana
de Venezuela, establecido en el artículo 299 de la Constitución, señala que
el régimen socioeconómico debe regirse de acuerdo con los principios
de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del
ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo
humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.
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